Ebook Tratado de Extranjería 2020. Aspectos Civiles, Penales, Administrativos y Sociales

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Disponible (en stock)
ISBN
9788491522461
Nombre del producto:
Ebook Tratado de Extranjería 2020. Aspectos Civiles, Penales, Administrativos y Sociales
Peso:
N/D
Fecha de edición:
1 abr. 2020
Número de Edición:
1
Autor:
Palomar Olmeda, Alberto
Idioma:
Español
Formato:
e-Book
Páginas:
1
Lugar de edición:
PAMPLONA
Colección:
TRATADOS Y MANUALES ARANZADI
Encuadernación:
Rústica

El fenómeno de la inmigración se ha convertido en nuestros días en una de las cuestiones de mayor relevancia desde el punto de vista social, legal y económico, pero es evidente que sus efectos son de enorme trascendencia política y cultural. En sociedades como la española, que no ha sido tradicionalmente país de acogida de la emigración, sino más bien de salida, unido a la rapidez con que en los últimos años se ha producido la entrada creciente de ciudadanos de países de menor renta económica en busca de trabajo, plantea problemas nuevos y distintos, que es preciso analizar y a los que es preciso dar soluciones para los que no existen modelos plenamente satisfactorios. Siendo el objetivo de la mayor parte de las políticas de inmigración, tanto en Europa como en Estados Unidos, lograr la integración de los emigrantes, los resultados al cabo de los años –particularmente en los países europeos, cuyas sociedades son menos móviles y están más enraizados en la historia y en las tradiciones culturales que la sociedad norteamericana– no son todo lo positivas que se desearía. En no pocos países del norte de Europa, como Holanda, Dinamarca o Alemania, la integración de las segundas generaciones de emigrantes –sobre todo, de los emigrantes procedentes de países más alejados culturalmente– sigue planteando no pocos problemas, con consecuencias sociales y políticas que en épocas recientes han generado cambios importantes en las legislaciones, más conscientes ahora de las dificultades que lleva aparejada la plena integración y los límites de las estructuras sociales de los países de acogida. Tampoco el modelo de asimilación a través de la ciudadanía republicana que ha propugnado nuestro vecino francés, o incluso la apertura a los países de la Commonwealth, que está en la base de la legislación inglesa sobre la inmigración, están mostrando resultados suficientemente satisfactorios.

Es obvio que el derecho a emigrar a otro país en busca de condiciones dignas de vida y trabajo para sí y su familia y el derecho a la libre circulación constituyen derechos humanos vinculados a la dignidad de toda persona humana. De la misma manera, una vez convertidos en residentes legales, los extranjeros deben de gozar de un ámbito de derechos. Por ello, el sustrato de los derechos de los emigrantes no puede ser exclusivamente económico, sino que radica en los valores y principios que dan fundamento a nuestro Estado de Derecho. Junto a ello, la necesidad de establecer procesos y controles más estrictos de la emigración ilegal –que se reconoce generalmente como una de las fuentes principales de la delincuencia transnacional organizada– y de ordenar los flujos migratorios, con el fin de que no se produzcan desequilibrios sociales y políticos, se ha hecho cada vez más patente. Es por ello que nos encontramos ante un campo en el que el análisis jurídico tiene que tener en cuenta dimensiones plurales del problema, con una especial sensibilidad para que sea posible el complejo proceso de la integración.

El profesor Alberto Palomar tuvo ya ocasión de ocuparse de esta temática con motivo de la elaboración del libro Régimen jurídico de los extranjeros. Aspectos jurídico-administrativos sobre la Ley y el Reglamento de Extranjería, publicado hace pocos años, y cuyo interés tiene ahora la oportunidad de ampliar con una perspectiva interdisciplinar gracias a la participación en este libro colectivo de un magnífico grupo de profesores y funcionarios de la Administración pertenecientes a distintos Cuerpos. El libro tiene el indudable acierto de partir, en primer lugar, del análisis de la normativa de Derecho Internacional y Derecho comunitario, así como de los modelos comparados de regulación de la extranjería, para pasar a ocuparse en el cuerpo central del estatuto del extranjero en España en sus diversas dimensiones, y detenerse en la tercera parte en algunos derechos específicos que presentan particularmente interés, como los derechos religiosos, los derechos deportivos de los extranjeros y su participación en la defensa nacional.

No puedo por menos de felicitar la publicación de esta obra, que viene a llenar un hueco en la bibliografía española sobre el tema, y deseo a sus autores que sea un libro que incite a la reflexión, al debate, y a la elaboración de medidas que ayuden a una mejor comprensión del fenómeno de la inmigración y a una mejor integración en nuestra sociedad de los ciudadanos procedentes de otros países.

Marcelino Oreja Aguirre

Presidente del Instituto de Estudios Europeos

de la Universidad San Pablo-CEU

En el mundo editorial siempre se había dicho que un libro se considera consolidado a partir de la segunda Edición. La que ahora se presenta es la Sexta y, por tanto, el grado de consolidación y la sensación que sobre los Autores proyecta es ciertamente importante.

Han pasado ya muchos años desde que intentamos ofrecer al público un Tratado de Extranjería que fuera algo más que un comentario a la normativa de extranjería que, en aquel momento, se acaba de publicar. El punto de partida fue la considerar que la problemática del extranjero en España no es únicamente una cuestión de permisos y autorizaciones de diferente alcance y contenido. Es evidente que, en el sentido contrario, tampoco se puede analizar el derecho de extranjería sin incluir estas cuestiones. Por tanto, la opción era evidente: un contenido integral que contenga las referencias generales del régimen jurídico de entrada y estancia en España de los extranjeros, pero, también, y, sobre todo, de un análisis de los derechos de los extranjeros proyectado sobre las legislaciones sectoriales que le afectan. Sanidad, seguridad social, educación, empleabilidad, derechos políticos, nacionalidad, servicios sociales son algunos de los sectores que componen el análisis que, ahora, se presenta con renovada ilusión y con la seguridad de que, tras muchos, años estamos ante un problema pujante y que las sociedades actuales no tienen resuelto.

Los aspectos humanitarios de esta cuestión que, ciertamente, es dificil de no compartir presentan, sin embargo, un problema de seguridad pública. Permitir el acceso ilimitado de extranjeros es algo que las sociedades actuales no pueden admitir especialmente si se tiene en cuenta las grandes diferencias de vida que existen entre los diferentes continentes. La desigualdad social y de condiciones de vida han convertido el problema de la extranjería en un problema social de primer orden que marca las agendas políticas, los programas electorales más extremistas y la política de las grandes organizaciones internacionales. De hecho, no parece necesario insistir en que es una de las crisis más notables de la política europea y de la política de alianzas de la propia Europa.

Esta sensación de que el problema se ha incrementado tiene siempre la tentación de resolver la cuestión limitando drásticamente y por la fuerza los derechos y el propio estatus de los extranjeros. Estamos ante una ecuación equivocada. No es la fuerza la solución. La solución es el análisis del problema y de la búsqueda de soluciones que concilien los derechos y las propias necesidades de muchos países con el descontrol de la política de frontera y con la patera como esquema de funcionamiento. Pero la restricción sobre el haz de libertad y de derechos de quienes están en esta situación no se presenta como la solución.

Los países que, al menos en la teoría, se muestran hoy más radicales en sus planteamientos y fían a la fuerza la solución del problema son los mismos que han hecho regularizaciones constantes a lo largo de su historia y que, finalmente, admiten que muchas de sus necesidades y muchos segmentos de su oferta laboral no pueden cubrirse sino con mecanismos y procedimientos más amplios que la propia cobertura.

En razón a la actualidad de esta problemática y desde esta visión general, de proyección sobre una realidad compleja, no resuelta en términos generales y sin soluciones de validez general, se configura una nueva edición cuya esencia es la analizar la presencia del extranjero en España y los derechos que le corresponden en el ámbito sectorial respectivo.

El concepto de integración en la vida social de un Estado se comprende mejor cuando se proyecta sobre la religión, la cultura, la educación o los servicios sociales porque, realmente estos sectores demuestran si la integración – como concepto matriz- es asumido por las sociedades en la que se produce.

Finalmente, queremos agradecer a quienes nos han apoyado con su comprensión y ayuda para que esta Sexta Edición vea la luz y continúe siendo una parte de la ilusión por un proyecto colectivo.

Madrid. Diciembre de 2019

Alberto PALOMAR OLMEDA 

Parte primera: cuestiones generales

Capítulo I

La gestión de las migraciones laborales: Derecho Internacional y de la Unión Europea

CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ

1. CUESTIONES INTRODUCTORIAS

La necesidad de articular políticas de inmigración que, tanto en el plano interno como en el internacional, sean capaces de dar respuesta a los muchos y muy complicados retos que plantea el fenómeno migratorio no ha dejado de acrecentarse en los últimos años1). De acuerdo con el Informe de la Organización Internacional para las Migraciones 20182) el número de migrantes internacionales en 2015 había alcanzado la cifra de 244 millones, frente a los 200 millones de 20053). La inmensa mayoría de los Estados de la Comunidad Internacional debe enfrentar el fenómeno, ya sea como país de origen, de tránsito o de acogida de los inmigrantes. En ese contexto, la decisión relativa a las condiciones en las que los extranjeros pueden entrar y permanecer en el territorio de un Estado o, en su caso, salir de él, sigue correspondiendo en lo fundamental a su Derecho interno4). Estamos, además, ante una facultad que aquéllos consideran integrante del núcleo duro de competencias soberanas. Dejando a un lado las obligaciones que impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), los resultados de la cooperación internacional en este ámbito son deudores de la tensión a la que se enfrentan: de una parte, la resistencia a ceder esa competencia soberana y, de otra, lo inevitable de gestionar en común un fenómeno que lo es por definición y que exige la concertación de voluntades respecto de los objetivos a perseguir y de las vías, políticas y jurídicas, para lograrlo. El último fruto de esa cooperación es el denominado Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en Marrakech el 11 de diciembre de 2018, que eleva el número de migrantes internacionales a 2585).

En el ámbito de la actual Unión Europea (UE) esa cooperación, como tendremos ocasión de comprobar, se reveló necesaria en los primeros momentos del proceso de integración. A pesar de ello, su traslación jurídica a los Tratados y al Derecho derivado no fue inmediata. Precisamente porque, a pesar de la homogeneidad aparente de intereses entre Estados que eran, sobre todo, países de acogida de inmigrantes y que, en consecuencia, hacían frente al fenómeno desde la misma perspectiva, no siempre los miembros de la UE han estado dispuestos a la cesión de competencias a la que el avance que juzgaban necesario equivalía en la práctica.

Se pretende con este trabajo, tal y como se deduce de su título, el análisis de los marcos normativos adoptados en el ámbito del Derecho Internacional y el Derecho de la UE en lo que hace a la regulación de los flujos migratorios por motivos laborales. Del Derecho Internacional nos ocuparemos en primer lugar. Debe avanzarse ya, sin embargo, que sus normas han desatendido en buena medida la regulación de este fenómeno. Desde luego, ello no es sino consecuencia del desinterés de los Estados por aquella regulación. Un desinterés motivado por el deseo de seguir ejerciendo esa competencia unilateralmente. Por su parte, la cooperación en el ámbito de la UE, de la que nos ocuparemos en segundo lugar, ha sido más fructífera. La armonización de las legislaciones internas en materia de establecimiento de las condiciones y procedimientos que regulan la incorporación de trabajadores nacionales de terceros países fue ignorada por los Estados miembros de la UE en las primeras etapas del diseño de la política común de inmigración. Sin embargo, en los últimos años dicha armonización ha recibido un impulso significativo y se ha concretado en la adopción de una batería de normas que pretenden la creación de un marco común para la gestión de la inmigración económica. Vamos a examinar aquí las razones de ese desinterés inicial, su plasmación en las sucesivas reformas de los tratados constitutivos y los instrumentos adoptados sobre la base de aquéllas.

Incapaces de dar en solitario respuestas eficaces a cuestiones como la inmigración irregular o la adecuación de las vías legales de incorporación de trabajadores extranjeros a los mercados laborales internos, los Estados miembros de la UE vienen intentando desde hace unos años el diseño de una política común de inmigración6). Es necesario aclarar, antes de pasar a este examen, que la política común no alcanza en la misma medida a todos los Estados miembros. Aún hoy, no todos ellos participan en pie de igualdad con los demás en estas materias. La «participación asimétrica»7) de los Estados miembros ha sido, en efecto, una constante en este ámbito. En la actualidad, el alcance de esta asimetría se regula en los Protocolos anejos al Tratado de la UE8) número 10, sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la UE; número 20, sobre la aplicación de determinados aspectos del artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) al Reino Unido e Irlanda; número 21, sobre la posición del Reino Unido e Irlanda respecto del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y número 22, sobre la posición de Dinamarca. El segundo de ellos se verá afectado, claro está, como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE.

 


1

Son muy interesantes las contribuciones publicadas en el volumen Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millennium (Oxford, Clarendon Press, 1998) y el Informe publicado en 2008 por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, World Migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy, OIM, Ginebra, 2009.

2

El Informe está disponible en el siguiente enlace: https://www.iom.int/es/news/la-oim-lanza-el-informe-2018-sobre-las-migraciones-en-el-mundo (todos los documentos electrónicos citados a lo largo del trabajo han sido consultados el 27 de octubre de 2019).

3

Este dato se recoge en el Informe de la Comisión Global para las Migraciones Internacionales Las migraciones en un mundo interdependiente: nuevas orientaciones para actuar (Ginebra, octubre de 2005), que puede consultarse en el siguiente enlace: https://cimal.iom.int/content/las-migraciones-en-un-mundo-interdependiente-nuevas-orientaciones-para-actuar.

4

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., El derecho de los inmigrantes irregulares a tener derechos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pág. 9.

5

El texto del Pacto está disponible en el siguiente enlace: https://www.un.org/es/conf/migration/.

6

Sobre la política europea de inmigración Vid. : AJA, E. y DÍEZ, L. (coord.), La regulación de la inmigración en Europa, Fundación la Caixa, 2004; DE BRUYCKER, Ph., L'émergence d'une politique européenne d'immigration, Bruselas, Bruylant, 2003; GONZÁLEZ VEGA, J. A., «En torno a los otros europeos: Derecho Internacional y Derecho Europeo ante la inmigración», en HIDALGO TUÑÓN, A. y GARCÍA FERNÁNDEZ, R., Ética, pluralismo y flujos migratorios en la Europa de los 25, Oviedo, Eikasia, Instituto Europeo para la paz y la cooperación, 2005; HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law. Commentary on EU Regulations and Directives, Munich, Oxford, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2010; MARIÑO MENÉNDEZ, F. (dir.), Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003 y MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., La inmigración y el asilo en la UE: hacia un nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia, Madrid, Colex, 2002.

7

LIÑÁN NOGUERAS, D. J., «El espacio de libertad, seguridad y justicia», en MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la UE, quinta edición, Madrid, Tecnos, 2008, págs. 717-746.

8

Todos ellos publicados en el DOC, número 115, de 9 mayo 2008.

oordinador de la obra

Alberto PALOMAR OLMEDA

Relación de Autores

Pablo BENLLOCH SANZ

Profesor Titular (i) de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

Universidad Rey Juan Carlos

Pilar CHARRO BAENA

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

Universidad Rey Juan Carlos

Pablo CHICO DE LA CÁMARA

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Universidad Rey Juan Carlos

Ignacio COLOMER HERNÁNDEZ

Profesor Titular de Derecho Procesal

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Leticia DELGADO GODOY

Profesora Titular de Ciencia Política

Universidad Rey Juan Carlos

César DURO VENTURA

Magistrado

Profesor Asociado de Derecho Procesal

Universidad de Castilla-La Mancha

Mª Belén FERNÁNDEZ COLLADOS

Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de Murcia

F. Javier FUERTES LÓPEZ

Magistrado

Francisco JAVIER GÓMEZ GÁLLIGO

Registrador de la Propiedad

Letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado

Isabel E LÁZARO GONZÁLEZ

Profesora Propia Ordinaria de Derecho Internacional Privado

Directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores

Universidad Pontificia Comillas

Mª Cruz LLAMAZARES

Catedrática Habilitada de Derecho Eclesiástico del Estado

Universidad Carlos III de Madrid

Herminio LOSADA GONZÁLEZ

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Letrado del Tribunal Constitucional

Jaime MALDONADO RAMOS

Magistrado

Cuerpo Jurídico Militas

Jesús R. MERCADER UGUINA

Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

Universidad Carlos III de Madrid

Francisco DE MIGUEL PAJUELO

Letrado de la Administración de la Seguridad Social

Alberto PALOMAR OLMEDA

Profesor Titular (Acreed.) de Derecho Administrativo Magistrado

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Carmen PÉREZ GONZÁLEZ

Profesora Titular de Universidad

Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

Universidad Carlos III de Madrid

Javier VÁZQUEZ GARRANZO

Letrado de la Administración de la Seguridad Social

Letrado Jefe del IB-SALUT

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