Tratado de derecho administrativo IV 2020. Urbanismo y ordenación del territorio, derecho administrativo europeo y derecho administrativo económico

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ISBN
9788413460260
Nombre del producto:
Tratado de derecho administrativo IV 2020. Urbanismo y ordenación del territorio, derecho administrativo europeo y derecho administrativo económico
Peso:
N/D
Fecha de edición:
12 jun. 2020
Número de Edición:
4
Autor:
González-varas Ibáñez, Santiago
Idioma:
Español
Formato:
Libro+e-Book
Páginas:
1638
Lugar de edición:
PAMPLONA
Colección:
ESTUDIOS Y COMENTARIOS LEGISLACIÓN CIVITAS
Encuadernación:
Cartoné

II. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

1. NOTAS CONCEPTUALES SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La referencia, que contiene la Constitución Española a la «ordenación del territorio», no es material o conceptual sino formal o competencial. La ordenación del territorio se presenta o aparece, ab initio, como una «competencia» autonómica, junto al urbanismo. En este sentido, los Estatutos de Autonomía de las distintas Comunidades Autónomas han asumido tanto la competencia de ordenación del territorio como la de urbanismo.

Corresponde a cada Comunidad Autónoma valorar la opción de regular conjuntamente ordenación del territorio y urbanismo en una misma ley, o bien regular ambos en sendas leyes de urbanismo y ordenación del territorio. De hecho, en el Derecho español se manifiesta tanto una como otra opción legislativa.

Pero antes de profundizar en este tipo de relaciones competenciales corresponde hacer una referencia conceptual a la «ordenación del territorio».

Para ello pueden contraponerse ordenación del territorio y urbanismo.

Siguiendo la jurisprudencia constitucional, puede decirse que «la ordenación territorial persigue fijar los destinos y usos del espacio físico en su totalidad, así como ordenar y distribuir valoradamente las acciones públicas sobre el territorio e infraestructuras, reservas naturales, extensiones o áreas de influencia de los núcleos de población, comunicaciones, etc.».

Los instrumentos de ordenación tienen por finalidad la perspectiva integral del territorio, quedando fuera de la misma los instrumentos de ordenación urbana.

Dicha ordenación urbana o urbanismo, por su parte, «se centra en la acción pública sobre el hecho ciudad, el racional destino y aprovechamiento del espacio físico en el núcleo poblacional». «La ordenación territorial tiene una visión integral del territorio; resulta de indudable complejidad; ofrece un mayor roce o fricción competencial al contemplar otras percepciones del territorio desde puntos de vista sectoriales; y, en fin, se admite como orientadora y directora de la ordenación urbana» (STC 149/1998).

No obstante, ordenación del territorio y urbanismo tienen en común ser funciones públicas «que tienen por objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el suelo o espacio físico territorial» (STC 77/1984, FJ 2). La legislación autonómica en materia de Ordenación y Territorio suele comenzar reconociendo, asimismo, carácter de función pública a la ordenación del territorio.

A pesar de que la ordenación territorial es tema jurídico clásico, sólo desde tiempos recientes parece observarse su dimensión práctica o efectiva.

Es «clásico» porque la ordenación del territorio se nutriría de tres fuentes históricas principales, ya que, junto al urbanismo como referencia fundamental, habría que tener en cuenta el legado de la planificación económica y el de la planificación de desarrollo regional3).

Por tanto, la ordenación del territorio tendría su «origen» vinculado al urbanismo (en especial el TRLS/1976) y también unos «antecedentes» vinculados a la planificación económica y el desarrollo regional4).

Pero el origen concretamente de la ordenación del territorio estaría en la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y el posterior Texto Refundido aprobado por el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril5).

Con el TRLS/1976, junto a los planes propiamente urbanísticos, se prevén Planes de Ordenación del Territorio. La clave del citado TRLS, desde el punto de vista de la ordenación territorial, está en los Planes Directores Territoriales de Coordinación como primeros instrumentos de planificación territorial del Derecho urbanístico español en sentido moderno. Estos planes tienen ya carácter vinculante frente a las Administraciones Públicas o frente a terceros (artículo 9TRLS/1976) y por tanto obligan a su cumplimiento6) y son instrumentos de planeamiento integral donde se coordinan distintas actuaciones ministeriales y locales. Estaríamos ante una ordenación propiamente urbanística o territorial, más allá de la planificación de desarrollo regional o en especial de planificación física o económica propia de ese tiempo y sobre todo de las épocas inmediatamente anteriores7).

El que actualmente la ordenación territorial se haya impuesto como tema jurídico es consecuencia de algunos factores que (entre otros posibles) pueden destacarse: por una parte, el desarrollo social, económico y administrativo de las décadas precedentes hace posible hablar al fin de ordenación del territorio en términos realistas. Por otra parte, las Comunidades Autónomas, instancias interesadas en acaparar competencias, encuentran en la ordenación del territorio ámbito propicio para cumplir estos deseos. De hecho, las Comunidades Autónomas han venido dictando, durante los últimos años, regulaciones de ordenación del territorio, bien mediante leyes ad hoc bien mediante leyes donde regulan conjuntamente la ordenación territorial y el urbanismo.

A todo ello se añade la vocación que está demostrando la Unión Europea por profundizar en la ordenación territorial, hasta el punto de erigirse en protagonista dentro del amplio escenario de Administraciones públicas que intervienen en la materia territorial.

Parece, pues, que llegó la hora de la ordenación del territorio (durante los años precedentes se dieron, en efecto, ciertos avances a esta materia). En gran medida, este «tema» se presenta como «problema», problema competencial: distintas Administraciones públicas con distintos intereses pugnan por afirmarse dentro de la ordenación del territorio, alegando para ello competencias puramente territoriales o urbanísticas en unos casos (niveles regional o local), afirmando otras veces competencias sectoriales (nivel estatal o incluso europeo) o invocando incluso una dimensión supranacional del territorio de los Estados miembros (nivel europeo del territorio)8).

En definitiva, el territorio es un lugar de encuentro de legisladores y administraciones. En este sentido, es sabido que en nuestro Derecho español la competencia en esta materia territorial corresponde inicialmente a las Comunidades Autónomas, tal como ha dejado fuera de duda el propio Tribunal Constitucional en su famosa sentencia de 20 de marzo de 1997. No obstante, el Estado (pero también la Unión Europea) puede repercutir sobre esta materia mediante el ejercicio de sus propias competencias. Por otra parte, las entidades locales son las tradicionales depositarias de la misión de cumplir con las exigencias de ordenación del espacio en general a través de sus planes urbanísticos.

Planteado así el tema de la ordenación del territorio (de esta forma competencial donde se superponen distintas voluntades), el marco está servido para que puedan plantearse conflictos jurídicos.

 


3

M. Benavent Fernández De Córdoba, La ordenación del territorio en España, Sevilla 2006; R. Martín MateoOrdenación del Territorio. El Sistema Institucional, Caracas 1980, pp. 37 y ss.; del mismo autor, «La ordenación del territorio y el nuevo marco institucional», Revista de estudios la vida local, n.º 206 1980, p. 220; del mismo autor, La inserción del espacio en la planificación económica, Lección inaugural del curso académico 1971-1972, Universidad de Bilbao, 1971 (texto publicado también como parte del libro en coautoría con Chi-Yi ChenAspectos administrativos de la Planificación. El sistema venezolano, Caracas, 1973); F. González Buendía, «Las dificultades actuales de la ordenación del territorio y el urbanismo», RDU 322 2018.

4

Incluso actualmente, a nivel comunitario europeo, no puede obviarse el dato de que desde la Unión Europea la ordenación del territorio es principalmente un instrumento para el desarrollo regional; o en cualquier caso lo territorial y lo regional tienen una relevancia importante. Puede verse J. A. Sotelo NavalpotroRegional development models, Madrid, 2000.

Dentro de los antecedentes de la ordenación del territorio podríamos también destacar–en los años cincuenta y en los años sesenta– el Seminario de Planificación Regional de Tokio de 1958 o la III Conferencia de Consejeros Económicos de la Comisión para la Europa de la ONU celebrada en 1964 (J. Bermejo Vera, coordinador, Derecho administrativo. Parte Especial, Madrid, 2001 pp. 527 y ss.; A. A. Pérez AndrésLa ordenación del territorio en el Estado de las Autonomías, Madrid, 1998, pp. 128 y ss., con numerosas citas doctrinales; también sobre el concepto de Ordenación del Territorio puede verse D. Gómez OreaOrdenación territorial, Madrid, 2002, pp. 29 y ss.; J. A. López PellicerLa ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, Murcia, 2002).

También puede citarse el antecedente, en los años treinta, de la República española, ya que sería la primera vez en la que nuestro Derecho urbanístico contempla una ordenación superadora del ámbito municipal (así E. García de Enterría/L. Parejo AlfonsoLecciones de Derecho urbanístico, Madrid, 1981, p. 40).

Siguiendo con los antecedentes, otro momento digno de consideración desde la perspectiva de la ordenación territorial sería la aprobación de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y la consagración del plan como ratio de ordenación del territorio. La propia contraposición entre ordenación del territorio y urbanismo no se ignora en este momento, tal como nos explica el Tribunal Constitucional: «Esta consideración separada de la ordenación territorial y de la urbana en cuanto ámbitos espaciales que requieren una regulación e, incluso, elementos de tratamiento diversos ya era advertida en la legislación de 1956 respecto al denominado Plan Nacional y en el RD 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS)» (STC 149/1998, de 2 de julio (RTC 1998, 149)).

Puede verse M. Bassols Coma, «Panorama del Derecho urbanístico español», Revista de Derecho Urbanístico, n.º 100 1986, p. 112; J. L. Laso MartínezDerecho Urbanístico. Tomo I: Orígenes, Principios Generales y Organización Administrativa, Madrid, 1981, pp. 142 y ss.; F. López RamónEstudios Jurídicos sobre Ordenación del Territorio, Pamplona, 1995; L. Martín Rebollo, en la obra colectiva: Derecho público de Cantabria, Santander, 2003, p. 506; A. A. Pérez AndrésLa ordenación del territorio en el Estado de las Autonomías, Madrid, 1998, pp. 35 y ss., obra donde puede profundizarse en el estudio de estas cuestiones históricas, así como en las obras (citadas en aquélla) de J. L. Meilán GilEl territorio, protagonista del desarrollo, Madrid, 1971; A. Pérez Moreno, «Urbanismo y desarrollo regional: contenido del nuevo regionalismo», REDA 8, 1976, pp. 47 y ss.

5

Puede verse R. Martínez Díez, «Pasado, presente y futuro de la ordenación del territorio en España», Ciudad y Territorio, n.º 1, 1983, p. 57; González Paz, «Reflexiones personales en torno a la ordenación del territorio», Revista de Obras Públicas, septiembre, 1979, p. 718.

6

J. L. González-Berenguer Urrutia, «Sobre los planes directores territoriales de coordinación», Revista de Derecho Urbanístico, n.º 97, 1986, p. 20.

7

En este sentido pueden citarse el I Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado por Ley 194/1963, de 28 de diciembre, el II Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado por Ley 1/1969, de 11 de febrero y el III Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado por Ley 22/1972, de 10 de mayo; L. López RodóPolítica y desarrollo, Madrid, 1970; P. de Miguel García, «La acción territorial y los desequilibrios regionales», Documentación administrativa, n.º 196, 1982, pp. 84 y ss.

8

En efecto, en nuestro país la ordenación del territorio suele presentarse como una confrontación entre distintos niveles de poder, aunque éste no es el único enfoque posible. Así, por ejemplo, en otros países (Francia o Reino Unido, por ejemplo), la presentación del tema de la ordenación del territorio suele ser más bien como de integración de perspectivas (perspectivas económicas junto a las territoriales). Véase A. R. Brewer Carías, «La distribución territorial de competencias en la Federación venezolana», en el Libro Homenaje a S. Martín-Retortillo Baquer, REAL, 291, 2003, pp. 201 y ss.; L. Cosculluela Montaner, «Presupuestos constitucionales de las competencias de ordenación urbanística», en S. Martín-Retortillo Baquer (director), Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, Vol. IV, Madrid 1991, pp. 3543 y ss.; P. Escribano Collado, «La ordenación del territorio y el medio ambiente en la Constitución», en S. Martín-Retortillo Baquer (director), Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, Vol. IV, Madrid, 1991, pp. 3705 y ss.; A. A. Pérez AndrésLa ordenación del territorio en el Estado de las Autonomías, Madrid, 1998, pp. 155 y ss. con un estudio sobre la ordenación del territorio en el Derecho comparado.

Presentación
Abreviaturas
Libro I. Urbanismo y ordenación del territorio.
Primera parte. Derecho de la ordenación del territorio

Capítulo I. Aproximación a la ordenación del territorio: concepto, legislación autonómica y doctrina constitucional (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. La problemática de la ordenación del territorio en las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo III. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito de la ordenación del territorio (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo IV. La problemática de la ordenación del territorio a escala europea (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Anexo de la parte primera, sobre ordenación del territorio
1. Anexos. Profundización en la ordenación del territorio (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Segunda parte. Sistema de fuentes del derecho urbanístico
Capítulo I. Sistema de fuentes del derecho urbanístico (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Anexo de la parte segunda
1. Anexo de la parte segunda. Sistema de fuentes (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Tercera parte. Suelo
Capítulo I. Régimen jurídico (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. Régimen jurídico del subsuelo (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo III. Suelos contaminados y descontaminación de suelos (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Anexo jurisprudencial de la parte tercera
1. Anexo jurisprudencial de la tercera parte. Posibles pautas. Suelo (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Cuarta parte. Planeamiento
Capítulo I. El plan y los tipos de planes (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. Planes especiales y de reforma interior (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo III. Los estándares urbanísticos. Estudio sobre las densidades edificatorias (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo IV. Visados y documentación del plan o programa (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo V. Incidencias en la tramitación de planes (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Anexos de la parte cuarta
1. Anexos de documentación (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
2. Anexo jurisprudencial (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
3. Anexo técnico (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Quinta parte. Gestión urbanística: el modelo de urbanismo empresarial-contractual: el contratista urbanizador, el contratista o agente rehabilitador y el contratista edificador
Capítulo I. Urbanismo y contratos. El empresario urbanizador delegado del poder público en la gestión urbanística (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. El agente urbanizador en el modelo valenciano (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo III. Gestión urbanística y agente urbanizador en otras Comunidades Autónomas (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo IV. Temas sobre gestión urbanística (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo V. La gestión urbanística en las áreas semiconsolidadas. Modalidad del contrato de urbanización (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo VI. La rehabilitación urbanística integral bajo una orientación estética (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo VII. El informe de evaluación de los edificios y la inspección técnica de construcciones (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo VIII. Régimen jurídico de la estética en el Derecho urbanístico. En especial la normativa local (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo IX. Catálogos urbanísticos de edificios singulares e indemnizaciones a favor de los particulares (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo X. El agente edificador (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Sexta parte. Licencias urbanísticas y disciplina urbanística
Capítulo I. Licencias urbanísticas (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Anexo
1. Anexo jurisprudencial sobre licencias (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. Disciplina urbanística: restauración de la legalidad, infracciones y sanciones (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Séptima parte. La reparcelación
Capítulo I. Régimen jurídico (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. Régimen de los bienes de dominio y uso público afectados por una reparcelación (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo III. Régimen indemnizatorio y de intereses tras la anulación judicial de una reparcelación (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo IV. La liquidación definitiva del proyecto de reparcelación (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo V. La reparcelación inversa o reversión de la reparcelación (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Octava parte. Conservación y recepción de obras de urbanización
Capítulo I. Régimen jurídico de las entidades urbanísticas de conservación (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. Procedimiento para la recepción de las obras de urbanización (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Novena parte. Patrimonios municipales de suelo y vivienda protegida
Capítulo único. Patrimonios municipales de suelo y vivienda protegida (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Décima parte. Los convenios urbanísticos
Capítulo único. Los convenios urbanísticos (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Undécima parte. Responsabilidad patrimonial (de la Administración) en el urbanismo
Capítulo I. Introducción a la casuística del urbanismo (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. Responsabilidad patrimonial en caso de anulaciones y revisiones de licencias (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo III. Responsabilidad patrimonial administrativa por desclasificación de suelo (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo IV. Responsabilidad patrimonial administrativa por indebida paralización de las obras (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Duodécima parte. Introducción al régimen de valoraciones
1. Introducción al régimen de valoraciones (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
2. Anexo jurisprudencial sobre los suelos destinados a infraestructuras y servicios de interés general supramunicipal (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Libro II. Derecho administrativo europeo
1. Introducción al régimen de valoraciones (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Primera parte. Vías por las que se manifiesta el Derecho administrativo europeo
Capítulo único. La europeización de los Derechos administrativos de los Estados miembros (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Segunda Parte. Las regiones en la Unión Europea
Capítulo único. La participación de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Tercera Parte. Ejemplos de la europeización del Derecho administrativo
Capítulo I. La repercusión del Derecho comunitario sobre la actividad pública económica y los servicios de interés general (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. El procedimiento administrativo (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo III. El proceso administrativo (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo IV. Repercusión sobre la función pública de los Estados miembros: cómo podría profundizarse en la europeización de la función pública (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo V. El medio ambiente (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo VI. Responsabilidad patrimonial (administrativa) (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo VII. Repercusión de la Unión Europea sobre la ordenación territorial y urbanística (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo VIII. La contratación pública (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Cuarta Parte. Derecho comparado y Derecho administrativo europeo
Capítulo único. La posibilidad de un Derecho administrativo europeo en un plano doctrinal y universitario (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Quinta Parte. El Derecho administrativo de las Instituciones comunitarias
Capítulo I. Planteamiento (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. Actuación administrativa y relaciones con los ciudadanos (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo III. El régimen jurídico de los bienes comunitarios (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo IV. La función pública (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo V. La responsabilidad de las Instituciones comunitarias (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo VI. Los problemas del Derecho sancionador en el Derecho comunitario (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo VII. La contratación de la Unión Europea con los particulares (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Sexta Parte. El sistema constitucional e Institucional de la Unión Europea
Capítulo I. La Unión Europea. Antecedentes y objetivos (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. Los Tratados Constitutivos y sus modificaciones posteriores (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo III. Las Instituciones Comunitarias (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Séptima Parte. El Sistema de competencias de la Unión. El problema de la indeterminación del objeto del Derecho administrativo europeo
Capítulo I. Problemática (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. El sistema comunitario de competencias y la integración comunitaria (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Libro III. Derecho administrativo económico
Primera parte. Parte general
Capítulo I. El modelo del servicio público y el modelo de mercado (de interés general) (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo II. La libertad de iniciativa económica y de organización de los servicios públicos (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo III. Los servicios de interés general (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo IV. Liberalización y regulación (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo V. La privatización (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)
Capítulo VI. Administración y Derecho de la competencia (SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ)

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