Técnica del recurso de suplicación

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Disponible (en stock)
ISBN
9788413099286
Nombre del producto:
Técnica del recurso de suplicación
Fecha de edición:
6 sept. 2019
Número de Edición:
1
Autor:
Molins García-atance, Juan
Idioma:
Español
Formato:
Libro+e-Book
Páginas:
310
Lugar de edición:
PAMPLONA
Colección:
ARANZADI DERECHO LABORAL 1127
Encuadernación:
Rústica

El éxito del recurso extraordinario de suplicación requiere que el escrito de interposición cumpla los requisitos formales, en particular en los motivos de revisión fáctica. En caso contrario, el motivo o el recurso puede desestimarse sin entrar en el examen del fondo. 

  • Examina las exigencias de los escritos de interposición e impugnación del recurso
  • Expone la legitimación y el gravamen para recurrir.
  • Analiza las resoluciones recurribles en suplicación.
  • Incluye la tramitación del recurso, 

 Juan Molins García-Atance es Magistrado de lo Social.

Destinado a Abogados, Graduados Sociales y encargados de Recursos Humanos.

Extracto: 

El éxito del recurso extraordinario de suplicación requiere que el escrito de interposición cumpla los requisitos formales, en particular en los motivos de revisión fáctica. En caso contrario, el motivo o el recurso puede desestimarse sin entrar en el examen del fondo. Este libro tiene cuatro grandes partes. En la primera se examinan las exigencias de los escritos de interposición e impugnación del recurso, la redacción de los hechos probados de las sentencias y cómo impugnarlos, así como las diferentes pruebas documentales y periciales que pueden sustentar la revisión histórica. En la segunda, la legitimación y el gravamen para recurrir. En la tercera, las resoluciones recurribles en suplicación. Y en la cuarta, la tramitación del recurso, haciendo especial hincapié en los requisitos de admisibilidad de este medio de impugnación: el depósito y la consignación o aseguramiento de la cantidad objeto de condena.

  • I. Introducción
  • II. Naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación (JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE)
  • III. Pluralidad de recursos de suplicación (JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE)
  • IV. Escrito de interposición del recurso de suplicación (JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE)
  • V. Escrito de impugnación del recurso de suplicación (JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE)
  • VI. Legitimación y gravamen para recurrir (JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE)
  • VII. Resoluciones recurribles en suplicación (JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE)
  • VIII. Trámites del recurso (JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE) 

    I. Introducción.

    En España hay unos 150.000 abogados colegiados y algo más de 5.000 jueces. No todos esos letrados se dedican primordialmente a litigar en los Tribunales: presentar demandas, contestaciones a las demandas, recursos judiciales… Pero si están colegiados, eso significa que ejercen la abogacía ante los Tribunales. También hay 1) unos 25.000 graduados sociales, facultados para interponer demandas y recursos de suplicación en el orden social; 2) unos 11.000 procuradores; 3) unos 2.500 fiscales; 4) decenas de miles de policías encargados de redactar atestados que cumplen la función de denuncias penales…

    Todas esas personas instan el funcionamiento de la Administración de justicia. Y solamente 5.000 jueces deben responder a sus pretensiones. Un sistema en el que hay 30 abogados colegiados por cada juez está desequilibrado.

    Es importante hacer hincapié en la diferente forma de operar de los abogados colegiados y los jueces. Los abogados colegiados desarrollan su actividad profesional con unos incentivos racionales y eficaces: en principio, cuanto más y mejor desarrollen su función, más ingresos percibirán y más clientes tendrán.

    Por el contrario, los jueces no solo deben afrontar un número de pleitos mucho mayor, sino que en la práctica la Administración de justicia no proporciona incentivos reales. El juez percibe su salario con independencia de la carga de trabajo que afronte y del resultado de su actividad profesional, con la única salvedad de un porcentaje mínimo de su salario vinculado a retribuciones variables por objetivos.

    Todo ello impulsa la litigiosidad, al existir un número muy elevado de abogados colegiados y de otros profesionales que promueven la intervención de los Tribunales. En el órden civil y contencioso-administrativo la condena en costas disuade de la litigiosidad abusiva. En dichos órdenes jurisdiccionales, salvo que se haya reconocido el beneficio de justicia gratuita por insuficiencia de recursos, la parte litigante, al tomar la decisión de interponer un recurso devolutivo, debe tener en cuenta que si se desestima se le impondrán las costas del recurso, cuya cuantía puede ser muy importante, lo que actúa como un factor disuasorio.

    Por el contrario, en el orden jurisdiccional social:

    1) No hay condena en costas en la instancia, salvo cuando el empresario actúe con temeridad o mala fe (art. 97.3LRJS).

    2) De las cuatro grandes categorías de sujetos del proceso (trabajadores, empresarios, beneficiarios de la Seguridad Social y Entidades Gestoras de la Seguridad Social)1), tres de ellas: los trabajadores, los beneficiarios de la Seguridad Social y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, gozan del beneficio de justicia gratuita ex lege. Y las Administraciones públicas y las entidades de derecho público, cuando intervienen en el proceso social, están exentas de las obligaciones de depositar y consignar.

    3) Al gozar del beneficio de justicia gratuita, esas partes pueden recurrir en suplicación sin depositar ni consignar cantidad alguna y sin tener que valorar si la posibilidad de vencer en el recurso compensa el riesgo de afrontar una condena en costas si se desestima la suplicación.

    4) Respecto de las partes que no gozan del beneficio de justicia gratuita (los empleadores que no han acreditado insuficiencia de ingresos para litigar), la condena al pago de las costas de suplicación limita los honorarios del abogado o graduado social a una cuantía máxima (1.200 euros) muy alejada del importe que pueden alcanzar en el orden civil o contencioso-administrativo.

    5) La sanción por temeridad o mala fe no sirve para afrontar este problema estructural de la Administración de justicia porque solo opera en casos muy concretos y específicos de actuaciones absolutamente temerarias.

    La consecuencia es que en el orden social no hay medidas efectivas que limiten el exceso de litigiosidad.

    La limitación del importe máximo de los honorarios del abogado o graduado social de la contraparte que deben abonarse en caso de condena en costas en el recurso de suplicación conlleva que al tomar la decisión de recurrir se asume un riesgo limitado en relación con el de otros órdenes jurisdiccionales, como el civil o el contencioso-administrativo, en los que la condena en costas puede alcanzar un importe muy superior. Parece que al legislador le produjera cierto reparo la desigualdad de armas que supone reconocer la justicia gratuita a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, que tienen unos importantísimos recursos económicos y a todos los trabajadores, con independencia de sus ingresos y patrimonio, que en algunas ocasiones pueden ser muy elevados (como los altos directivos o los futbolistas de elite) y para moderar esta desigualdad limita el importe de las costas que se puede imponer a la parte contraria. Así se facilita el acceso al recurso, pues se consigue que los titulares de la justicia gratuita puedan recurrir sin preocuparse de una eventual condena en costas y que los que no disfrutan de justicia gratuita tampoco se vean condicionados por la posibilidad de que se les imponga el abono de unas costas muy elevadas. No es infrecuente que en el orden social se ventilen pleitos de cuantías elevadísimas, pese a lo cual el importe de los honorarios del abogado de la contraparte en caso de condena en costas no puede exceder de la citada cantidad, que en este contexto resulta exigua. Es plausible facilitar el acceso al recurso, pero la consecuencia inevitable es la multiplicación de las suplicaciones.

    Esta desproporción entre el número de abogados colegiados y de jueces, unida a la inexistencia de normas procesales que limiten la litigiosidad, perjudica gravemente la Administración de justicia: inevitablemente tiene consecuencias perjudiciales para el derecho a la tutela judicial efectiva.

    Por ejemplo, salvo en el orden penal, en los restantes órdenes jurisdiccionales cuando se estima un motivo de un recurso devolutivo (apelación, casación o suplicación) en el que se denuncia la infracción de normas procesales causantes de indefensión, anulando las actuaciones de instancia, no se considera que el juez de instancia esté “contaminado”. Por ello, el mismo juez, que normalmente ya tiene formada su convicción sobre la controversia litigiosa (si ha entrado a conocer del fondo del asunto), vuelve a dictar la nueva sentencia. Si se ha anulado su sentencia de instancia porque denegó una prueba y el tribunal “ad quem” considera que debió practicarla, las posibilidades de que cambie su criterio en su segundo pronunciamiento son mínimas.

    La razón última por la que en el civil no se considera que el juez de instancia está “contaminado” es que, al no ser objeto del proceso la libertad de las personas, como sucede en el orden penal, partiendo de que la Administración de justicia se encuentra al límite de su capacidad, con juzgados que están señalando los juicios para dentro de tres años y Salas de lo Social de TSJ con un importante retraso, si se acordase que el juez está contaminado, 1) habría un aumento del número de recursos devolutivos: desaparecería el factor disuasorio consistente en que los abogados y graduados sociales saben que si se estima un recurso de suplicación denunciando una infracción procedimental, la segunda sentencia la dictará el mismo Juzgador; 2) los Juzgados de lo Social tendrían que celebrar más juicios orales y dictar más sentencias; y 3) se obligaría a que la nueva sentencia la dictase otro juez, con un turno de sustitución y, en su caso, de compensación en el reparto de litigios por el dictado de dicha resolución judicial, lo que añadiría complejidad al funcionamiento de una institución que se encuentra al límite. La situación crítica de la Administración de justicia condiciona inevitablemente su funcionamiento.

    Para cada parte procesal, su pleito personal es el más importante. Con la finalidad de conseguir un pronunciamiento favorable, frecuentemente se presentan demandas, contestaciones a las demandas o recursos muy prolijos, desarrollando múltiples motivos distintos (o causas de oposición distintas, si es la parte demandada), con el objetivo de que al menos uno de ellos sea acogido por el juez y prevalezca su postura.

    A título ejemplificativo, el Reglamento del CGPJ 2/2018, de retribuciones variables por objetivos de los miembros de la Carrera Judicial, atribuye un tiempo de solamente cinco horas y 30 minutos para resolver cada recurso de suplicación que verse sobre un despido. Un recurso extraordinario de suplicación en una materia tan compleja como un despido, que supone la extinción del contrato de trabajo, privando al empleado de los ingresos que suponen su medio de vida, debe examinarse y resolverse por el juez en un lapso temporal muy breve, so pena de incurrir en responsabilidad por retraso. En la práctica, cada magistrado de una Sala Social de un TSJ debe redactar, como ponente, entre 7 y 10 sentencias o autos finales cada semana.

    Ante esa situación hay muchos abogados y graduados sociales que, de buena fe, limitan la extensión de sus recursos, en aras a la deseable concisión y claridad, para facilitar el trabajo de los tribunales.

    Sin embargo, otros operadores jurídicos insisten en demandas, contestaciones y recursos muy extensos y prolijos, convencidos de que es la vía para obtener un pronunciamiento favorable. Algunos recursos de suplicación revelan que la parte recurrente ha decidido acumular el mayor número de argumentos posibles, con independencia de su mayor o menor rigor, confiando en que alguno de ellos será estimado por el Tribunal.

    El riesgo radica en los sesgos. Un sesgo o prejuicio cognitivo es una interpretación errónea de la información disponible, al dar demasiada importancia o demasiada poca a algunos aspectos.

    Si en una demanda o en un recurso se acumulan múltiples argumentos distintos confiando en que alguno de ellos convenza al juez, se pueden producir dos efectos distintos. En primer lugar, el denominado “efecto de la primera impresión”: percibimos, recordamos y damos más importancia al primer evento que a los siguientes, aunque puedan contradecirlo o atenuar su valor. Si el primer argumento de un escrito de demanda o un recurso es manifiestamente insostenible, opera subconscientemente un sesgo de desvalorización: el juzgador inevitablemente tiene a pensar que una parte procesal que ha sido capaz de afirmar algo tan erróneo carece de credibilidad.

    Desde este punto de vista es importante reparar en que la información se valora con más fuerza cuando aparece pronto en una serie, incluso cuando el orden no es relevante. Por ejemplo, la gente se forma una impresión más positiva de alguien descrito como «inteligente, trabajador, impulsivo, crítico, obstinado y envidioso» que cuando se dan las mismas palabras en orden inverso2).

    Pero más importante aún es el sesgo de confirmación. Si en un recurso se incluyen múltiples motivos manifiestamente erróneos, se puede crear una tendencia contraria a su estimación. A título ejemplificativo, si los nueve primeros motivos de un recurso carecen claramente de fundamento, para cuando finalmente el juez entra en el examen del motivo décimo está subconscientemente condicionado por la tendencia negativa de los anteriores. Resulta incomprensible que se presenten recursos muy prolijos con múltiples motivos que incluyen algunos sin un sustento sólido, y sin anteponer los motivos más fundamentados a los que tienen menos visos de prosperar.

    En efecto, la lectura de un recurso cuyo primer motivo está claramente desprovisto de sustento puede hacer que entre en juego el “efecto de la primera impresión”. Y la reiteración de motivos infundados puede hacer que opere el sesgo de confirmación. La formación que reciben los jueces contribuye a minimizar su efecto. Pero resulta imposible eliminar completamente la virtualidad de los sesgos cognitivos, lo que deberían tener en cuenta los recurrentes en suplicación.

    Por último, al examinar esta institución procesal es importante reparar en que el acceso al recurso de suplicación no es neutral desde el punto de vista de los trabajadores porque no se realiza en igualdad de condiciones entre el trabajador y el empresario. El empresario, salvo que goce del beneficio de justicia gratuita, tiene que depositar 300 euros (que pierde si se desestima el recurso), consignar o asegurar en el breve plazo de seis días (se puede hacer hasta las 15 horas del día sexto) la cantidad objeto de condena y abonar las costas de su recurso si éste es desestimado, con un importe de hasta 1.200 euros en concepto de honorarios de cada letrado o graduado social impugnante del recurso (puede haber varios). Si el empresario ha optado por desarrollar su actividad empresarial mediante una sociedad mercantil, es imposible que se le reconozca el beneficio de justicia gratuita, aunque la situación de la empresa sea catastrófica, lo que en la práctica puede imposibilitar el recurso.

    Por el contrario, el trabajador no tiene que efectuar depósito ni consignación alguna, ni abonar las costas de su recurso si éste se desestima. Debido a ello, se interponen muchos más recursos de suplicación por los trabajadores que por los empresarios.

    Si el acceso al recurso de suplicación es mucho más fácil para una parte procesal (los trabajadores) que para la otra (los empresarios), las interpretaciones jurisprudenciales contrarias a la admisión del recurso de suplicación contra determinadas sentencias o autos no son neutrales desde el punto de vista de los trabajadores y los empresarios, ya que supone privar a los primeros de una ventaja respecto de los segundos.

    Por la misma razón, las interpretaciones limitativas de la cognición del TSJ al resolver los recursos de suplicación no son neutrales desde el punto de vista de los trabajadores. El recurso devolutivo con una cognición plena del tribunal ad quem es la apelación: la Audiencia Provincial puede conocer íntegramente la cuestión de fondo. En el otro extremo, el recurso devolutivo con una limitación mayor de la cognición es la casación, que solo permite al TS una limitada revisión fáctica basada en prueba documental. Entre uno y otro recurso se encuentra la suplicación, más cercana a la casación que a la apelación.

    Si el acceso a suplicación por parte de los trabajadores es mucho más fácil que por los empresarios, razón por la cual los empleados interponen muchos más recursos de suplicación que los empleadores, cuanto más amplia sea la cognitio del TSJ, más posibilidades hay de que el recurso de suplicación se estime. En definitiva, si se limita el objeto del recurso de suplicación, se limita algo que los trabajadores pueden alcanzar con más facilidad que los empresarios. Esa es la razón última por la que determinados sectores de la doctrina científica han defendido la sustitución de la suplicación por la apelación3).

    La naturaleza extraordinaria de este medio de impugnación condiciona la redacción de la sentencia por el Juez de lo Social y exige que los letrados y graduados sociales conozcan la técnica de este recurso extraordinario para que la suplicación pueda cumplir su función. En caso contrario, las partes procesales corren el riesgo de que se desestime el recurso por incumplimiento de los requisitos formales, sin entrar a conocer del fondo de la controversia suplicacional.

     


    1

    Los sujetos del proceso social pueden ser muy variados: sindicatos, asociaciones, fundaciones... Ello no obstante, la mayoría de los intervinientes en este proceso puede reconducirse a alguna de las categorías citadas.

    2

    BARON, J.: Thinking and Deciding (Fourth Edition), Cambridge University Press, New York, 2008, págs. 203 y ss.

    3

    DÍAZ DE RÁBAGO VILLAR, M.: “El proceso laboral del siglo XXI: situación actual y propuesta de reforma”, en HERNÁNDEZ VITORIA, M. J. y TORRES ANDRÉS, J. M.: Derecho Laboral del siglo XXI, (Estudios de Derecho Judicial, 118), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, págs. 413 y ss.

JUAN MOLINS GARCÍA-ATANCE

Magistrado especialista del TSJ de Aragón. Doctor en Derecho. Graduado Social

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