Reformas penales de 2019

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ISBN
9788413097763
Nombre del producto:
Reformas penales de 2019
Fecha de edición:
27 ago. 2019
Número de Edición:
1
Autor:
Morales Prats, Fermín / Quintero Olivares, Gonzalo / García Albero, Ramón / Tamarit Sumalla, Josep Maria
Idioma:
Español
Formato:
Libro+e-Book
Páginas:
134
Lugar de edición:
PAMPLONA
Colección:
ARANZADI DERECHO PENAL 1128
Encuadernación:
Rústica

Aborda reformas heterogéneas que afectan a los delitos contra los intereses financieros y fiscales de la Unión Europea, a los delitos de abuso de mercado a la imprudencia en el tráfico rodado, a la falsificación de moneda, a la extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al delito de malversación y otras figuras delictivas.

Gonzalo Quintero Olivares es Catedrático de Derecho Penal.

Destinada administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales, expertos en Derecho Administrativo y funcionarios.

Extracto: 

La presente obra aborda el estudio de las Leyes Orgánicas 1/2019 y 2/2019 de modificación del Código Penal. La Reforma Penal de 2019 introduce modificaciones heterogéneas en el texto punitivo. En ocasiones la Reforma viene motivada por los compromisos asumidos por el Estado Español en el ámbito europeo, este es el caso de la Reforma de los delitos relativos a los abusos de mercado. Otros vencimientos próximos de compromisos internacionales están en el origen de la Reforma de los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea. Asimismo, se introduce un nuevo modelo de represión del delito de tráfico de órganos adaptado a las previsiones del consejo de Europa. Finalmente, la modificación legislativa aporta importantes cambios en materia de imprudencia en la conducción de vehículos de motor o ciclomotores, con la introducción del nuevo delito de abandono del lugar del accidente, y en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas por cuanto ésta se hace extensible al delito de malversación de caudales públicos. Otros compromisos internacionales han motivado la Reforma de los delitos relacionados con el terrorismo, de la falsificación de moneday del delito de corrupción en los negocios.

  • 1. Presentación
  • 2.. El nuevo tratamiento legal de la imprudencia y el delito de abandono del lugar del accidente (JOSEP M. TAMARIT SUMALLA)
  • 3.. El reformado delito de tráfico de órganos: crónica de una oportunidad perdida (RAMÓN GARCÍA ALBERO)
  • 4.. La Reforma del Código penal de 2019: la modificación de los delitos contra el mercado (GONZALO QUINTERO OLIVARES)
  • 5.. La protección de los inversores y la confianza en los mercados financieros: la modificación del art. 285 CP (FERMÍN MORALES PRATS)
  • 6.. La reforma de 2019 y la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (FERMÍN MORALES PRATS)
  • 7.. La ampliación del concepto de funcionario público a los efectos de los delitos de soborno, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos (arts. 423,427,431, 435 bis) (GONZALO QUINTERO OLIVARES)
  • 8.. La nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de malversación y otras reformas –aparentemente– menores (RAMÓN GARCÍA ALBERO) 

    JOSEP M. TAMARIT SUMALLA

    Catedrático de Derecho Penal UdL y UOC

    Sumario:

    • I.Introducción
    • II.Homicidio imprudenteIII.Lesiones imprudentes
      • 1.Presunción de imprudencia grave
      • 2.Presunción de imprudencia menos grave
      • 3.Imprudencia grave con pluralidad de víctimas
    • IV.El delito de abandono del lugar de accidente
      • 1.Antecedentes y Derecho comparado
      • 2.Bien jurídico protegido
      • 3.Tipo objetivo
      • 4.Tipo subjetivo
      • 5.Problemática concursal y penalidad

    I. INTRODUCCIÓN

    La Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el CP 1995 en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotores y sanción del abandono del lugar del accidente, presenta importantes novedades, que se centran en dos aspectos: en primer lugar, se introducen diversas modificaciones, algunas de ellas de gran calado, en la descripción típica de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, que afectan a la conceptuación de la imprudencia grave y menos grave, y se incrementan las penas previstas para estos delitos; en segundo lugar, se tipifica una nueva conducta delictiva, el abandono del lugar del accidente, en el ámbito de los delitos contra la seguridad en el tráfico.

    Los antecedentes más inmediatos y directos de esta reforma penal se encuentran en las demandas procedentes de ciertas organizaciones, particularmente asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. En fecha 16 de octubre de 2017 Stop Accidentes dirigió un escrito al Grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, en el que expresaban su preocupación por las consecuencias de la despenalización de la imprudencia leve aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, que, según esta asociación, había contribuido al aumento de la siniestralidad vial, como consecuencia de la inaplicación de la figura delictiva de imprudencia menos grave. Esta asociación de víctimas pedía en su escrito que se reforme el Código penal de modo que en éste se incluya una remisión expresa a las infracciones graves descritas por la normativa administrativa, en concreto la Ley General de Tráfico, que permitan asegurar que los jueces aprecien la existencia de imprudencia menos grave y que por lo tanto que hechos que causan graves consecuencias no queden sustraídos a la justicia penal. Asimismo, proponían que la fuga del lugar del accidente por parte de causante fuera castigada en todo caso como delito, evitándose la falta de respuesta penal que se producía en aquellos casos en que no cabe apreciar la existencia de un delito de omisión del deber de socorro por haber muerto la víctima o haber otras personas que le están prestando auxilio.

    El Partido Popular presentó una proposición de ley en la que se plasmaban las referidas demandas y que, tras algunas enmiendas introducidas durante la tramitación del texto, fue aprobada con un amplio apoyo parlamentario. En su Exposición de motivos la LO 1/2019 alude a la existencia de “determinadas circunstancias indicativas de una especial negligencia por parte del conductor y que han de tener consideración inequívoca en las consecuencias penales como imprudencia grave”. En cuanto al abandono del lugar del accidente, se afirma: “Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico”.

    Las cifras que reflejan la evolución de la siniestralidad vial y la victimización a ella asociada en España no respaldan las visiones alarmistas en que se han basado las demandas punitivas en este sector. El número de accidentes de tráfico con víctimas ha disminuido en los últimos años, siendo el número de víctimas el dato que tiene mayor significación como indicativo de la evolución positiva de este grave problema social. En lo que atañe a víctimas mortales, a partir del año 1989, en que se alcanzó la cifra más elevada (7.188), se ha producido una disminución constante hasta el año 2013, en que bajó hasta 1.680. Con ello España se ha situado por debajo de la media de la Unión Europea en número de fallecidos por habitante. Posteriormente se ha producido una estabilización y un ligero incremento, que ha llegado hasta 1.830 en 2017. El número de personas heridas hospitalizadas pasó de 52.418 en 1989 a 9.546 en 2017. No puede afirmarse que esta disminución de la victimización haya sido provocada por las reformas penales, pues no se aprecia que la tendencia se haya intensificado a partir de las normas más punitivas introducidas en el Código penal en 2007 y 2015. Diversos factores, que pueden estar relacionados básicamente con una mejoría progresiva en la educación vial de los conductores, la renovación del parque automovilístico, el estado de las vías y los controles de velocidad o de consumo de alcohol, son los que permiten explicar un tan importante y positivo cambio de tendencia. Sin embargo, no hay duda del impacto de la reforma penal de 2007 en la evolución de la población penitenciaria. El número de presos por delitos contra la seguridad en el tráfico pasó de 219 en 2007 a 1270 en 2013, produciéndose el mayor incremento en el período comprendido en 2009 (621 y 2010 (1054). 

    II. HOMICIDIO IMPRUDENTE

    Las reformas introducidas mediante la LO 2/2019 en la tipificación del delito de homicidio imprudente (art. 142) afectan ante todo al supuesto específico cualificado de homicidio cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, aunque van más allá del estricto ámbito de la delincuencia vial y tienen efectos sobre el tratamiento general de los delitos imprudentes. Las modificaciones afectan a los siguientes aspectos: a) presunción “ex lege” de gravedad en la imprudencia causada en las circunstancias previstas en el art. 379 (art. 142-1); b) presunción “ex lege” de imprudencia menos grave cuando el hecho sea consecuencia de una infracción grave de la normativa de tráfico (art. 142-2); c) cualificación de la pena en caso de múltiples víctimas causadas por imprudencia grave (art. 142-bis).

    1. PRESUNCIÓN DE IMPRUDENCIA GRAVE

    La LO 2/2019 ha agregado al art. 142-1 una cláusula en cuya virtud se reputa en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que el hecho haya sido determinado por la concurrencia en la conducción de alguna de las circunstancias previstas en el art. 379. Esta modificación legal tiene escasa relevancia práctica, si se tiene en cuenta que este criterio ya se venía aplicando a partir de los criterios establecidos en la Instrucción 3/2006 y en la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado. A partir de la reforma del art. 142-1 nos hallamos ante una presunción “iuris et de iure”, a tenor de la cual los jueces y tribunales están obligados a calificar como graves los supuestos del art. 379-1 (circulación a velocidad por encima de los límites previstos en esta norma) y los del art. 379-2 (conducción bajo la influencia de drogas tóxicas o alcohol). Ello no supone que los jueces y tribunales deban proceder de un modo automático en caso de que se produzca muerte y además se haya constatado la concurrencia de alguna de las circunstancias mencionadas, pues a ellos corresponde valorar si éstas han determinado la producción del hecho.

    Si se tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias, se observa que en los tribunales siempre han atribuido gran relevancia a los criterios normativizados a la hora de valorar la infracción de la norma de cuidado en los siniestros producidos por conductores de vehículos. Tal como ha indicado recientemente la AP de Castellón en la Sentencia núm. 1/2019, de 21 de enero) “en la circulación vial, las normas de cuidado que debe respetar el conductor de un vehículo de motor no son puramente socioculturales, sino que se encuentran positivizadas en un texto legal y en su desarrollo reglamentario”. El sentido normativo de la imprudencia se manifiesta, en la praxis judicial, no sólo en la apreciación de la existencia de una infracción de la norma de cuidado exigible en el tráfico, según criterios de riesgo permitido, sino en la determinación de su gravedad. El Tribunal Supremo ha establecido que la valoración de la gravedad de la imprudencia debe efectuarse desde una perspectiva subjetiva o interna, relativa al deber subjetivo de cuidado, lo cual comporta la necesidad de dilucidar el grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, de forma que “cuanto mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad del peligro, mayor será el nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su vulneración” (así, STS 1089/2009, de 27 de octubre, y 1415/2011, de 26 de diciembre). El Alto Tribunal ha diferenciado la imprudencia grave de la leve, y, a partir de la reforma de 2015, ambas de la menos grave, a partir de la relevancia del deber omitido en función de las circunstancias del caso, teniendo en cuenta el valor de los bienes afectados y la mayor o menor probabilidad de que se produzca el resultado, por un lado, y, por otro, la valoración social del riesgo.

    A partir de la Ley 2/2019 adquiere especial sentido la aplicación de criterios de imputación objetiva. La jurisprudencia, receptiva a la introducción por parte de un sector doctrinal de la argumentación victimo-dogmática, ha tendido progresivamente a aplicar esta clase de criterios en los últimos años a casos en los que el resultado de muerte (o, en su caso, de lesiones) puede atribuirse al ámbito de responsabilidad de la víctima, aunque raramente ha llevado este razonamiento hasta la negación de la tipicidad del comportamiento y en la mayor parte de supuestos ha optado por sostener el carácter típico del hecho. Así, en la Sentencia 1611/2010, de 19 de octubre, se sustenta la atribución de la responsabilidad al acusado en que el resultado producido es la realización o concreción del riesgo por él creado. Advirtió el Tribunal en este caso que la posible contribución del perjudicado al resultado deviene irrelevante cuando ha sido el acusado el que ha creado el riesgo que se concreta en el resultado lesivo, de modo que la compensación de culpas tan sólo podrá tener efectos en la cuantificación de las responsabilidades civiles (en este sentido también la SAP Madrid S 7ª de 28 de diciembre de 2018). Este tipo de pronunciamientos supone un retroceso respecto a aquellas sentencias en que los tribunales han aceptado la degradación de la gravedad de la imprudencia como consecuencia de la contribución de la víctima al resultado mediante su conducta imprudente.

    La presunción “iuris et de iure” de gravedad de la imprudencia introducida en el art. 142-1 mediante la reforma de 2019 podrá ser interpretada por los tribunales como una barrera infranqueable a la posible aplicación de criterios de degradación de la gravedad de la imprudencia basados en la responsabilidad de la víctima, si el hecho ha sido provocado por la concurrencia de alguna de las circunstancias del art. 379 en el comportamiento del acusado. Pero lo que no impide la nueva cláusula es la aplicación de criterios de imputación objetiva que lleven a la negación de la tipicidad del hecho, si el juez o tribunal concluye que el resultado de muerte no es consecuencia de la realización del riesgo contenido en la acción imprudente del autor, pese a que la misma sea calificada como grave.

(Autores)

GONZALO QUINTERO OLIVARES

Catedrático de Derecho Penal (URV)

FERMÍN MORALES PRATS

Catedrático de Derecho Penal UAB

JOSEP MARIA TAMARIT SUMALLA

Catedrático de Derecho Penal UdL y UOC

RAMÓN GARCÍA ALBERO

Catedrático de Derecho Penal UdL.

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