Principios de derecho mercantil, 01. 2019

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Disponible (en stock)
ISBN
9788413083872
Nombre del producto:
Principios de derecho mercantil, 01. 2019
Fecha de edición:
27 ago. 2019
Número de Edición:
24
Autor:
Sánchez Calero, Fernando / Sánchez-calero Guilarte, Juan
Idioma:
Español
Formato:
Libro+e-Book
Páginas:
500
Lugar de edición:
PAMPLONA
Colección:
MANUALES UNIVERSITARIOS ARANZADI
Encuadernación:
Rústica

THOMSON REUTERS ARANZADI publica la vigesimocuarta edición de los Principios de Derecho Mercantil de los que es autor el Catedrático Fernando Sánchez Calero -corregida y puesta al día por el Catedrático Juan Sánchez-Calero Guilarte- y que exponen, de forma clara y sencilla, los fundamentos de esta disciplina que se ven actualizados de acuerdo con la evolución que se produce en esta materia. Además, como complemento, los lectores y estudiantes continúan disponiendo, en esta nueva edición, de numerosos casos, en su versión electrónica -Proview- que completan los contenidos del manual. Este manual universitario ha tenido una amplia difusión en aquellos Centros en los que el estudio del Derecho mercantil se imparte en un solo curso o en dos cuatrimestres.

  • Nota preliminar a la vigésima cuarta edición
  • Abreviaturas
  • Parte Primera. Introducción
    • Capítulo 1. Concepto y características generales del Derecho mercantil
  • Parte Segunda. Régimen de la Empresa
    • Capítulo 2. El empresario y el consumidor
    • Capítulo 3. Registro mercantil y deber de contabilidad
    • Capítulo 4. Regulación de la competencia
    • Capítulo 5. El Derecho sobre las creaciones industriales y los signos distintivos de la empresa
    • Capítulo 6. El negocio y los colaboradores del empresario
  • Parte Tercera. Derecho de Sociedades
    • Capítulo 7. Las sociedades mercantiles. Sociedad colectiva y sociedad en comandita
    • Capítulo 8. Caracteres generales y constitución de la Sociedad anónima
    • Capítulo 9. Las acciones
    • Capítulo 10. La organización de la Sociedad anónima
    • Capítulo 11. Modificación de los Estatutos. Aumento y reducción del capital social
    • Capítulo 12. Las cuentas anuales, su verificación y la distribución del resultado del ejercicio
    • Capítulo 13. La sociedad cotizada y la sociedad europea
    • Capítulo 14. La sociedad de responsabilidad limitada
    • Capítulo 15. Modificaciones estructurales y traslado internacional del domicilio social
    • Capítulo 16. Disolución, liquidación y extinción de sociedades
    • Capítulo 17. Las obligaciones
    • Capítulo 18. Uniones de empresa, grupos de sociedades e instituciones de inversión 

      I. CONCEPTO DEL DERECHO MERCANTIL

      A. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

      Una de las cuestiones primeras que se han de exponer es la delimitación de la parte del ordenamiento jurídico que calificamos como Derecho mercantil. Parte que corresponde a un ordenamiento unitario, que se divide en diversas ramas con criterios no siempre coincidentes. Además, en el caso del Derecho mercantil, dados los profundos cambios que ha sufrido, la nota de la historicidad de todo el Derecho aparece con relación a nuestra disciplina de forma más acusada que en otras, particularmente comparada con el Derecho civil, con el que siempre ha estado vinculado, en especial porque mientras que éste ha sido considerado como el Derecho privado común. El Derecho mercantil se ha calificado como Derecho privado especial, cuyo contenido es variable de acuerdo con los cambios del ordenamiento jurídico, que se ve condicionado por la evolución de los hechos económicos y sociales que regula. De lo que se deduce que la investigación del concepto del Derecho mercantil se efectúa conforme a un determinado ordenamiento jurídico en un concreto momento histórico.

      Cuando el Derecho mercantil aparecía codificado, la delimitación del concepto de este Derecho iba dirigida por muchos autores a desentrañar el criterio que se había tenido en cuenta por el legislador. Pero una vez que se ha producido el fenómeno de la descodificación del Derecho mercantil, los criterios seguidos por el Código dejan de ser útiles y necesariamente ha de prestarse atención a otros diferentes.

      II. CONSTITUCIÓN ECONÓMICA Y DERECHO MERCANTIL

      Se califica con el término de Constitución económica (que se emplea a veces como sinónimo de orden público económico) la fijación en las normas fundamentales de un país de un régimen económico concreto. El Derecho constitucional económico, en ocasiones, hace unas declaraciones precisas sobre un determinado sistema económico y, en otras, ofrece una mayor flexibilidad omitiendo toda referencia a él, bien porque lo considera implícito (v. gr., por el reconocimiento de la libertad de iniciativa económica, de la propiedad privada de los medios de producción, etc.) o bien porque aun teniendo esa Constitución económica una cierta orientación en esta materia, no desea establecer una ordenación económica rígida que impida evolucionar al sistema económico dentro de un amplio campo.

      La Constitución Española de 1978 hace una declaración expresa del reconocimiento de la «libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación» (art. 38). Esta incidencia de la constitución económica en el marco de la economía de mercado se manifiesta principalmente en los siguientes aspectos:

      a) Reconocimiento de la iniciativa privada de los empresarios en el marco de la economía de mercado (art. 38, citado), que se conjuga con el derecho de propiedad (art. 33.1), si bien toda la riqueza del país está subordinada al interés general (art. 128.1).

      b) Posibilidad de que junto a esa iniciativa de los particulares surja, cuando la Ley lo autorice, la iniciativa económica de la Administración Pública, bien adoptando formas empresariales del Derecho privado (sociedad anónima, etc.) o de entes administrativos. Tal iniciativa se deberá a ciertas situaciones, especialmente en caso de monopolio, o por exigencia del interés general (cfr. art. 128.2).

      c) El poder de gestión que la iniciativa económica comporta, sea pública o privada, ha de estar subordinado al interés general (art. 128.1). Por ello, habrán de considerarse ilícitos, entre otros actos, los que impliquen prácticas restrictivas de la competencia y el abuso de la posición dominante en el mercado. También habrá de tenerse en cuenta la función social que la iniciativa económica debe cumplir.

      d) El empresario ha de ver compartido su poder de gestión mediante diversas formas de participación de los trabajadores en la empresa y el fomento de las sociedades cooperativas. También se ha de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción (art. 129.2).

      e) La planificación de la actividad económica fomentará la iniciativa de los particulares para el crecimiento de los recursos del país, tendiendo también a equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial (arts. 38 y 131).

      f) La unidad de mercado exige que las leyes mercantiles tengan carácter estatal (art. 149.1.6.º), sin perjuicio de que en algunos aspectos se confíe a las Comunidades Autónomas facultades para su desarrollo y ejecución.

      g) La protección del consumidor o usuario, como antes quedó apuntado, es un principio general que, conforme al artículo 51, informa el ordenamiento jurídico, respetando el marco del sistema económico diseñado en los artículos 38 y 128 de la Constitución y con sujeción a lo establecido en el artículo 139 (principio de la igualdad de los españoles en los territorios del Estado y de la libertad de establecimiento y circulación de personas y bienes). 

      III. SIGNIFICACIÓN DE LA TEORÍA DE LAS FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL

      A. REFERENCIA AL SISTEMA GENERAL DE FUENTES DEL DERECHO

      El término fuentes del Derecho es equívoco, pero es frecuente precisarlo señalando la distinción entre fuentes en sentido formal (que se refiere al medio o forma en que se manifiestan las normas jurídicas) y en sentido material (es decir, a aquellas fuerzas sociales que crean las normas). En el primer caso se dice, de acuerdo con el artículo 1.1.º del C.c., que dentro de nuestro ordenamiento son fuentes del Derecho la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. En el segundo se suele reconocer como fuentes materiales al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las fuerzas sociales que actúan en la comunidad. Conviene hacer notar que la Constitución, al tiempo que reconoció la posibilidad de que las Comunidades Autónomas además del propio Estado pudieran producir normas jurídicas, dejó abierta la posibilidad de que ciertas organizaciones internacionales dictaran normas con aplicación directa en España (art. 93 de la Constitución).

      Esto se produjo con nuestra adhesión a los Tratados de las Comunidades Europeas (v. Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización a la adhesión y a la ratificación de los tratados, publicados en el BOE de 1 de enero de 1986, fecha en la que tal adhesión produjo sus efectos), y sus posteriores modificaciones (así, hoy, se denomina Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea «TFUE»), que ha fortalecido la vinculación entre los Estados miembros.

      Las fuentes formales son las mismas para el Derecho mercantil que para el civil: la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. La doctrina jurisprudencial que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar estas fuentes del Derecho cumplirá la función –señalada en el art. 1.º, núm. 6, del C.c– de complementar el ordenamiento jurídico.

      Como ha dicho el propio Tribunal Supremo, «la jurisprudencia, aun cuando en principio no pueda considerarse como fuente estricta o formal del ordenamiento a tenor del párrafo 1 del artículo 1 del Código civil, es evidente que aquélla viene a complementar y remodelar dicho ordenamiento a través de la doctrina reiterada que establezca, como reconoce el párrafo 6 del mismo precepto, por lo que no cabe desconocer la verdadera «trascendencia normativa «de la jurisprudencia».

      Además, es importante señalar que la Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico, vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional (art. 5.1.º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Esta misma Ley establece que los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa (art. 6).

      B. ESPECIALIDAD DEL DERECHO MERCANTIL

      Con relación al Derecho mercantil valen en esta materia de fuentes las consideraciones hechas anteriormente, en cuanto no existe un sistema de fuentes diverso para el Derecho mercantil. Sin embargo, existe una especialidad en nuestro ordenamiento que hace que la doctrina preste alguna atención a este punto, y radica en que las relaciones mercantiles surgidas de los «actos de comercio» se regirán por las disposiciones contenidas en el Código de comercio, «en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza y, a falta de ambas reglas, por las del Derecho común» (art. 2). Lo que implica que en el régimen de las relaciones mercantiles prevalece la costumbre o el uso mercantil sobre el Derecho común.

      Esta peculiaridad ha querido unirse a la especialidad o, según otros, a la autonomía del Derecho mercantil. Mas creemos que éstas son cuestiones que, aunque mantienen una cierta relación entre sí, son independientes. En efecto, esta norma, que parte del Código alemán de 1861, se debe tanto a que el legislador fue consciente de la importancia tradicional de las costumbres mercantiles como al reconocimiento de la deficiencia de su labor en la redacción de las leyes en el campo del Derecho privado (civil o mercantil).

      La aplicación del uso, con preferencia respecto al Derecho privado común, a la que se refiere el artículo 2 citado, afecta a los «actos de comercio» regulados en el propio Código de comercio, y ha de referirse, a pesar de la imprecisión del término de «actos de comercio», esencialmente a la materia contractual. Debiendo interpretarse la expresión de «disposiciones contenidas» en ese Código no sólo a las normas que se hallan en la actualidad en el mismo, sino también a aquellas que se han promulgado posteriormente en sustitución de las originarias. En todo caso se ha de tener en cuenta la importante limitación contenida en el C. de c. en su artículo 50 cuando señala que los contratos mercantiles, a falta de una Ley específica que los regule (Código de comercio o Ley especial), han de regirse por las reglas generales del Derecho civil –sin que intervenga, por consiguiente, la prelación de los usos de comercio– «en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes». La limitación es importante porque los usos precisamente donde tienen más relevancia es en el campo contractual.

      Por otro lado, hemos de hacer aquí una referencia a las fuentes instrumentales a través de las cuales conocemos el Derecho mercantil. Es decir, cuáles son las leyes y los usos mercantiles. Este problema debe ser resuelto poniéndolo en relación con el ya visto del concepto del Derecho mercantil, ya que el calificativo de «mercantil» aplicado a una Ley o a una costumbre depende en definitiva de la concepción de este Derecho. Ahora nos limitamos a enunciar esas leyes y usos mercantiles.

Catedrático Juan Sánchez-Calero Guilarte

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