Prácticum proceso laboral 2020

Valoración:
100% of 100
Precio especial 100,00 € Precio habitual 105,26 €
Disponible (en stock)
ISBN
9788413099521
Nombre del producto:
Prácticum proceso laboral 2020
Fecha de edición:
31 ene. 2020
Número de Edición:
1
Autor:
Arastey Sahún, María Lourdes / Falguera Baró, Miquel Ángel / González Calvet, Jaume / Pose Vidal, Sara / Rivas Vallejo, María Pilar / Olle Sese, Verónica
Idioma:
Español
Formato:
Libro+e-Book
Páginas:
1318
Lugar de edición:
PAMPLONA
Colección:
PRÁCTICUM ARANZADI
Encuadernación:
Rústica

Todas las respuestas a la problemática que pueden tener los profesionales en la aplicación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social a través de la interpretación judicial y facilitando el acceso a la información a través de un índice exhaustivo, casos prácticos y formularios.

Actualización legislativa y Jurisprudenciales, incluyendo los cambios experimentados por el RDL 6/2019
La reciente doctrina constitucional sobre despido y derechos fundamentales.
La conformación del concepto de acoso moral.
Prueba obtenida por la videovigilancia.
La carga de la prueba de las horas extraordinarias,
Los trámites preprocesales en relación a los nuevos derechos de disponibilidad del tiempo de trabajo de las personas asalariadas (art. 34.8 ET).
Régimen de indemnizaciones compensatorias tras la finalización de un contrato de trabajo temporal, etc.
Adición de la problemática derivada de las comunicaciones y notificaciones efectuadas a través de medios digitales,
La prueba electrónica

Destinado a Abogados, •   Graduados Sociales, Empresarios y trabajadores y Profesionales vinculados con el Derecho del Trabajo.

El proceso laboral presenta características singulares, como son la oralidad, el principio de instancia única y el régimen peculiar de recursos. Pese a los cambios que se introdujeron en su momento en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -recogiendo buena parte de los criterios aplicativos fijados por el Tribunal Supremo- la práctica iuslaboralista pone en evidencia la existencia de múltiples situaciones en las que la ley no da respuesta, debiéndose acudir a criterios jurisprudenciales. La presente obra intenta ser un manual eminentemente práctico para los profesionales (y todas las personas que tienen relación directa o indirecta con el proceso laboral), dando una respuesta a todos esos interrogantes. A dichos efectos nos hallamos ante un tratado diseñado desde dentro de la jurisdicción, basado en la práctica del día a día de los tribunales y juzgados del orden social. La actual edición está actualizada en noviembre de 2019, incluyendo todos los cambios normativos de los últimos años e integrando más de un centenar de pronunciamientos de todo tipo de órganos judiciales. Presenta además cambios de redacción en determinados aspectos, a fin de dotarla de un mayor contenido práctico.

  • Nota de actualización
  • Relación de autores
  • Abreviaturas
  • Tema 1. Parte General
    • I. Parte I (AMADOR GARCÍA ROS, PILAR RIVAS VALLEJO y MIQUEL ÁNGEL FALGUERA BARÓ)
    • II. Parte II (PILAR RIVAS VALLEJO y AMADOR GARCÍA ROS)
  • Tema 2. Procedimiento ordinario (VERÓNICA OLLÉ SESÉ)
  • Tema 3. Modalidades Procesales y otras figuras procesales
    • I. Parte I (MIQUEL ÁNGEL FALGUERA BARÓ)
    • II. Parte II (MIQUEL ÁNGEL FALGUERA BARÓ)
    • III. Parte III (MIQUEL ÁNGEL FALGUERA BARÓ)
  • Tema 4. De los medios de impugnación (SARA POSE VIDAL)
  • Tema 5. Ejecución de sentencias (Mª MACARENA MARTÍNEZ MIRANDA)
  • Tema 6. Recurso de amparo (JAUME GONZÁLEZ CALVET)
  • Relación de Practicum en el mercado 

    Sumario:

    • 1.Jurisdicción y competencia
      • 1.1.Jurisdicción y competencia
        • 1.1.1.Concepto de jurisdicción y de orden jurisdiccional
        • 1.1.2.Concepto de orden jurisdiccional
      • 1.2.Fuentes reguladoras del orden social de la jurisdicción
        • 1.2.1.Los principios generales del derecho
        • 1.2.2.La costumbre
        • 1.2.3.Los usos forenses (usus fori)
        • 1.2.4.La jurisprudencia
        • 1.2.5.El Reglamento
      • 1.3.Ámbito del orden jurisdiccional social
        • 1.3.1.Los Juzgados de lo Social
        • 1.3.2.Los Tribunales sociales
          • A.La Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia
          • B.La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
          • C.La Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo
        • 1.3.3.El Tribunal Constitucional
        • 1.3.4.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
      • 1.4.Delimitación de las materias que corresponde conocer al orden jurisdiccional social
        • 1.4.1.Delimitación positiva
          • A.Las materias del primer grupo
            • a.Art. 2. a), b) y e) LRJS (RCL 2011, 1845)
            • b.Los apartados f) a la m) del art. 2 de la LRJS (RCL 2011, 1845)
          • B.Las materias del segundo grupo
            • a.Sociedades laborales y las cooperativas de trabajo asociado
              • Supuesto práctico: Competencia del orden social en materia de TRADES
          • C.Las materia del tercer grupo
            • a.Protección de desempleo, cese de actividad, imputación de responsabilidad al empresario o terceros respecto a prestaciones de seguridad social, valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad
            • b.Seguridad Social complementaria
            • c.Asociados y mutualidades
          • D.Las materias del cuarto grupo
            • a.Impugnación de actos de la administración pública
            • b.Responsabilidad del Estado, Fondo Garantía Salarial
            • c.Actos administrativos que emanen de la Administración de la Seguridad Social
            • d.Cualquier otra materia que expresamente sea atribuida a la jurisdicción social por una ley
        • 1.4.2.Delimitación negativa de materias
          • A.Impugnación directa disposiciones de rango inferior a ley, y decretos legislativos
          • B.Las relaciones entre empresarios de coordinación de actividades empresariales, en materia preventiva de riesgos laborales
          • C.La defensa y protección de derechos fundamentales y libertades públicas de funcionarios, personal estatutario, y personal al servicio del Estado, Corporaciones locales y entidades públicas autónomas
          • D.Los servicios mínimos en caso de huelga
          • E.Impugnación de pactos o acuerdos concertados por las Administraciones Públicas, que no se apliquen únicamente el personal funcionario
          • F.Actos de gestión recaudatoria
          • G.Litigios por los cuales se reclame la responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
          • H.Cuestiones que se sustancien en el seno del procedimiento concursal
        • 1.4.3.Las fronteras entre el orden social y otras jurisdicciones
          • A.Limites competenciales entre el orden social y el civil en materia de contratos
          • B.Limites competenciales entre el orden social y el mercantil
          • C.Limites competenciales entre el orden social y el contencioso-administrativo
            • a.Previsión social, Seguridad Social y jurisdicción
            • b.Sanciones administrativas en materia laboral y de Seguridad Social
            • c.Jurisdicción social y empleados públicos
            • d.Otros límites en relación a actuaciones administrativas
      • 1.5.Planta del orden jurisdicción social y asignación de competencias
        • 1.5.1.Juzgados de lo social
          • A.Competencia objetiva
            • a.Problemas interpretativos, sobre atribución competencial:
          • B.Competencia funcional
          • C.Competencia territorial
            • a.Fuero general
            • b.Fueros específicos
            • c.Otros Fueros
        • 1.5.2.Tribunales de lo social
          • A.Salas de lo Social del Tribunales Superiores de Justicia
            • a.Competencia objetiva
            • b.Competencia funcional
            • c.Competencia territorial
          • B.Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
            • a.Competencia objetiva y territorial
            • b.Competencia funcional
          • C.Sala de lo Social del Tribunal Supremo
            • a.Competencia objetiva
            • b.Competencia funcional
        • 1.5.3.Control procesal de la competencia
        • 1.5.4.Cuestiones de competencia y conflictos de jurisdicción y competencia
          • A.Los conflictos de jurisdicción y competencia
          • B.Las cuestiones de competencia
        • 1.5.5.Abstención y Recusación de jueces y magistrados
          • A.Causas de abstención y recusación
          • B.Procedimiento de abstención y recusación
            • a.La abstención
            • b.La recusación
    • 2.Las partes en el proceso laboral
      • 2.1.Introducción
      • 2.2.Capacidad y legitimación procesal
        • 2.2.1.La capacidad
          • A.La capacidad para ser parte
          • B.La capacidad procesal
            • a.Las personas físicas
            • b.Las persona jurídicas y entes sin personalidad jurídica
            • c.Las masas patrimoniales o patrimonios separados
            • d.Las Administraciones Públicas y demás entes del sector público
          • C.El control judicial de la capacidad
            • a.La falta de acreditación de capacidad
        • 2.2.2.Legitimación
          • A.Concepto
          • B.Tipos
            • a.Legitimación ordinaria
            • b.Legitimación Extraordinaria
            • c.Ministerio Público
            • d.Autoridad laboral
          • C.Control judicial de la legitimación
            • a.La falta de acreditación de legitimación
          • D.Legitimación para recurrir
            • a.a.La actual regulación del art. 17.5 LRJS y su conformación previa
            • b.Los distintos supuestos observados en la ley
      • 2.3.La representación y defensa procesales (La postulación procesal)
        • 2.3.1.Tipos de representación procesal
          • A.Representación voluntaria
            • a.Forma
            • b.Contenido
            • c.Duración
          • B.Representación voluntaria técnica y asistencia técnica
            • a.La forma
            • b.Contenido y duración
          • C.La representación necesaria plural
            • a.Forma
            • b.Contenido y duración
          • D.Representación institucional
        • 2.3.2.Beneficio de justicia gratuita y turno de oficio
          • A.El beneficio de justicia gratuita
            • a.Procedimiento
            • b.Contenido o derechos que se reconocen
          • B.Turno de oficio
      • 2.4.Intervención del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
        • 2.4.1.Concepto
        • 2.4.2.Finalidad
        • 2.4.3.Intervención en el proceso laboral
          • A.Procedimiento declarativo
            • a.Intervención
            • b.El FOGASA, como demandante/demandado
          • B.Intervención por sustitución (fase de ejecución)
            • a.Otros supuestos en los que puede intervenir el Fondo en fase de ejecución, pero en los que su intervención no es por sustitución procesal, sino como parte
    • 3.Acumulación de acciones y de autos
      • 3.1.Acumulación de acciones y de autos
      • 3.2.Acumulación de acciones
        • 3.2.1.Naturaleza jurídica y regulación procesal común
        • 3.2.2.Admisión de la acumulación en la ley procesal laboral
        • 3.2.3.Acumulación objetiva
          • A.Cuestiones comunes al proceso civil
          • B.Acciones objetivamente acumulables en el proceso laboral
            • a.Acciones relacionadas con la extinción del contrato de trabajo
            • b.Otras acciones derivadas del contrato de trabajo
            • c.Acciones derivadas de derechos de carácter colectivo
            • d.Acciones de Seguridad Social
        • 3.2.4.Acumulación subjetiva
          • A.Admisibilidad en el proceso laboral
          • B.Acciones derivadas del contrato de trabajo
          • C.Procesos de Seguridad Social
        • 3.2.5.Tratamiento procesal
          • A.Su planteamiento por las partes
            • a.Ampliación de la demanda
            • b.Reconvención
            • c.Oposición a la acumulación
          • B.Actuación del órgano judicial
          • C.Efectos
      • 3.3.Acumulación de autos o de procesos
        • 3.3.1.Naturaleza jurídica y regulación en la legislación procesal común
        • 3.3.2.Admisión de la acumulación en la ley procesal laboral (RCL 1995, 1144 y 1563)
        • 3.3.3.Tratamiento procesal
      • 3.4.Acumulación de recursos
      • 3.5.Acumulación de ejecuciones
        • 3.5.1.Supuestos
        • 3.5.2.Tramitación
        • 3.5.3.Efectos

    1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

    1/5

    1.1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

    Arts. 1 LRJS (RCL 2011, 1845), 9º LOPJ (RCL 1985, 1578 y 2635).

    1/10

    1.1.1. Concepto de jurisdicción y de orden jurisdiccional

    El término jurisdicción viene indisolublemente unido a aquellas sociedades o comunidades que han alcanzado un alto grado de organización institucional y que voluntariamente han establecido reglas que prohíben con carácter general la autotutela en la resolución de los conflictos y de las disputas que puedan surgir entre sus miembros, y que llegado el caso, otorgan a algunos de sus miembros el poder para corregir cualquier desviación que se produzca, incluso utilizando medidas de coerción. Jurisdicción es por tanto sinónimo de potestad, en tanto que si una comunidad prohíbe a sus ciudadanos acudir al uso de la fuerza para ejercer sus derechos, también, queda obligada a proveerlos de los instrumentos necesarios que les permitan resolver las controversias que en su seno se puedan suscitar.

    La potestad en un sentido general, se podría definir como el poder que tienen determinados individuos, que les autoriza a crear, aplicar, e incluso imponer al resto y a ellos mismos, reglas o conductas que todos los miembros de la sociedad están obligados a cumplir. Desde esta perspectiva, estaríamos en presencia de lo que la doctrina ha denominado la potestad básica del Estado, que comprendería, siguiendo el principio de división de poderes, tanto la capacidad normativa, como las de ejecutar o desarrollar normas, o la de realizar o aplicar el derecho. Pero es evidente que una cosa es la potestad legislativa, o incluso ejecutiva, y otra muy diferente la jurisdiccional, y ello, aunque determinados órganos sean a su vez titulares de una potestad sancionadora y para su ejercicio utilicen similares mecanismos a los que emplean los órganos propiamente jurisdiccionales (Juzgados y Tribunales). Por lo tanto, formando parte la potestad jurisdiccional de la potestad básica del Estado, se diferencia ampliamente de las otras que la conforma, tanto en cuanto a quien ostenta la titularidad, la clase de órganos que la ejercen, su funcionamiento, y el ámbito material donde opera. Algún autor (G. Ormazabal), ha precisado que la diferencia entre las potestad de realizar el derecho que se les atribuye a los órganos jurisdiccionales y la que le corresponde a la administración, se sustenta en el control de los primeros sobre los actos de los segundos.

    Acotada el término potestad jurisdiccional, se puede ya aventurar, que jurisdicción y acción son dos conceptos indisolublemente unidos, circunstancia, que nos debería acercarnos al concepto de jurisdicción. Con ello no queremos afirmar, que existe una sola definición pacífica de lo que se deba entender Jurisdicción, sino que como ocurre siempre a la hora de conceptualizar un término, se pueden construir varias. La más sencilla, es la que entiende que es una actividad del Estado cuya finalidad es la realización del orden jurídico, o aquella otra más compleja y elaborada (Montero Aroca), que la define como la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por los tribunales independientes y predeterminada por la ley, de realizar el derecho en el caso concreto, juzgado de modo irrevocable y ejecutando los juzgado, para satisfacer, pretensiones y resistencias.

    Pero conjuntamente con las aportaciones doctrinales, existe una definición legal que tiene su formulación en diversas normas y preceptos: El artículo 117.1 de la Constitución Española, refiere que «El ejercicio de la potestad jurisdiccional de todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar los Juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan»; el artículo 117,1 establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables, y sometidos únicamente al imperio de la ley; artículo 9.1LOPJ, señala que: «Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta o por otra ley»; o el artículo 9.4 LOPJ, que señala que la jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo territorio español, en la forma establecida en la Constitución y en las Leyes.

    En definitiva, la jurisdicción no es otra cosa que una potestad que deriva de la soberanía del Estado (derecho constitucional a la jurisdicción), y por la cuál se le atribuye en exclusividad a los Jueces y Tribunales el poder de juzgar de modo irrevocable (actividad que tiende a resolver un conflicto aplicando al caso concreto el derecho), y ejecutar lo juzgado (mecanismo coercitivo por el cuál se consigue que la realidad procesal que deriva de la realización de un derecho se acomode a la realidad física o material).

    1/11

    Conflictos de intereses

    El conocimiento por un juez o tribunal de una divergencia entre las partes requiere un elemento necesario: que el conflicto sea jurídico (por tanto, que su objeto sea la denuncia del contenido de la ley, del convenio o del contrato) y no una mera discrepancia de intereses subjetivos de carácter extrajurídico.

    Esa premisa presenta en el Derecho laboral evidentes singularidades derivadas, al margen de las propias características del contrato de trabajo y la prestación de servicios laborales, del elemento colectivo que caracteriza nuestra disciplina. De esta forma, el orden social tiene competencias para conocer los conflictos entre trabajadores y empresarios de índole jurídica, pero no, a efectos de las divergencias basadas meramente en los intereses económicos o sociales de las partes, cuyo conocimiento corresponde a los sistemas autocompositivos existentes. Así, por ejemplo, la jurisdicción social no puede intervenir dando –o quitando- la razón a los sujetos sociales en una negociación colectiva o en una huelga cuando las discrepancias no tienen contenido jurídico. Ahora bien, sí la tiene cuando el conflicto se juridifica en aspectos como la vulneración de derechos fundamentales (SSTC 145/1992, de 13 de octubre (RTC 1992, 145), 107/2000, de 5 de mayo (RTC 2000, 107)), prácticas abusivas o ilícitas, adecuación de las posiciones de las partes al mandato legal, interpretación o aplicación de los pactos o acuerdos, etc. Es ésa una tendencia nítidamente apreciable en la modalidad procesal de conflictos colectivos: así se desprende del actual ordenamientos jurídico y, más en concreto del art. 25 a) del DL 17/1977, en el que se descarta el acceso a la intervención judicial en relación a los conflictos colectivos modificativos de las condiciones de trabajo, en un precepto que, aún afectado por la STC 11/1981 (RTC 1981, 11), sigue en su lógica sustantiva vigente.

    De ahí que, por ejemplo, los órganos judiciales tengan competencia para interpretar o aplicar un convenio, un acuerdo o pacto de empresa o las condiciones contractuales generales, pero carezcan de ella a efectos de modificar los contenidos. Se afirma en este sentido en la STS 17.06.2010 (RJ 2010, 6290): “el conflicto colectivo presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto que el conflicto de intereses tiene como finalidad la modificación, bien a través de la supresión, la adición, la reducción o la sustitución por otro del orden jurídico preestablecido, es decir, cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo [ejercicio de la actividad sindical, en el caso] y, como es lógico, estas controversias no pueden encontrar solución en Derecho, ni el Juez puede suplantar la actividad negociadora de las partes, único procedimiento para pacificar la situación (así, SSTS 19/04/00 (RJ 2000, 4245) -rco 2980/99 -; 28/11/01 (RJ 2002, 2021) -rco 3380/00 -; 07/02/06 (RJ 2006, 4393) -rco 23/05 -; 14/02/08 (RJ 2008, 1900) -rco 119/06 -; 05/03/08 (RJ 2008, 3484) -rcud100/06 -; y 26/05/09 (RJ 2009, 3120) -rco 107/08 -)” (en el mismo sentido y entre otras muchas: SSTS 08.05.2006 (RJ 2006, 3034), 26.05.2009 (RJ 2009, 3120), 10.11.2010 (RJ 2010, 8821), 11.02.2013 (RJ 2013, 3371), 21.10.2014 (RJ 2014, 6136), 06.04.2015 (RJ 2015, 3050), 02.12.2015 (RJ 2016, 46), etc.).

    1/12

    Jurisdicción española

    Se integran en esta excepción procesal aquellos supuestos en los que el conocimiento de un determinado pleito corresponde a los órganos judiciales de otro Estado, de conformidad con las reglas reguladoras aplicables; esto es; los artículos 21, 22 bis a 22 nonies y, en especial, el 25LOPJ y los artículos 36 y 39LEC. En todo caso, hay que tener presente que en esta materia rige la primacía aplicativa de los Tratados Internacionales suscritos por España y, en forma significativa respecto a la jurisdicción social en el ámbito europeo, los arts. 20 a 23 del denominado Convenio de Bruselas (Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil). Debe tenerse en cuenta asimismo y en el ámbito del espacio económico europeo el denominado Convenio de Lugano (ampliando el marco de aplicación del Convenio de Bruselas a Suiza, Noruega e Islandia). A lo que cabe añadir la existencia de determinadas materias en las que se aplican criterios diferenciados en función de la normativa europea, así, por ejemplo, la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, traspuesta en nuestro marco normativo por la Ley 10/1997 (vid., al respecto, SAN 10.07.2001 (JUR 2001, 308102)). Por otra parte, pueden concurrir también otros acuerdos multilaterales o bilaterales junto con los tratados sobre inmunidad diplomática en el caso de legaciones extranjeras en el Estado español.

    De esta forma, si el conflicto tiene un ámbito trasladable al marco europeo rige el Convenio de Bruselas; en caso contrario, se aplican –salvo previsión expresa en otros tratados internacionales- la LOPJ y la LEC.

    Las reglas generales que se derivan de la doctrina casacional al respecto pueden ser resumidas en la forma siguiente (véase un resumen de los criterios del TS al respecto en la STS 20.04.2015 (RJ 2015, 2811)):

    Conforme al Convenio de Bruselas el fuero nacional viene determinada por el domicilio del demandado o el lugar de prestación de servicios o si se han prestados servicios en varios Estados, el correspondiente al lugar en que esté situado el establecimiento del empleador (vid., entre otras, STS UD 12.06.2003 (RJ 2003, 4585), y las SSTJUE 17.06.1992 (TJCE 1992, 124), asunto C-26/91, Hante, 13.07.1993 (TJCE 1993, 119), asunto C-125/92, Mulox, 22.05.2008 (TJCE 2008, 113), asunto C-462/06, Glaxosmithkline), etc.), salvo en el caso que el demandado sea el trabajador, supuesto en el cuál sólo rige el fuero de su domicilio. En el caso de existir varios demandados se aplican dicha regla en relación al domicilio de cualquiera de ellos (STJUE 11.10.2007 (TJCE 2007, 263), asunto C-98/06, Arnoldsson). En virtud de dichos criterios los tribunales españoles carecen de jurisdicción para juzgar el despido u otros aspectos contractuales concernientes a un trabajador español contratado para una empresa de otro país dónde se prestan los servicios (SSTS UD 30.12.2013 (RJ 2013, 8369) y 18.05.2016 (RJ 2016, 3886)). Por el contrario, sí son competentes para el conocimiento de pleitos derivados de contratos firmados por trabajadores españoles y empresas de la misma nacionalidad, aunque la prestación de servicios se realice en el extranjero (SSTS UD 17.07.1998 (RJ 1998, 6263) y 24.04.2000 (RJ 2000, 5504).); o, en idéntico supuesto al anterior si la persona asalariada es extranjera (SSTS UD 29.09.1998 (RJ 1998, 8554), 20.11.1998 (RJ 1998, 10009), etc.).

    La aplicación de dichas reglas se considera preferente respecto a posibles pactos de sumisión a otras jurisdicciones establecidos en el contrato, salvo las excepciones contempladas en el artículo 23 del Reglamento 1215/2012, relativas al fuero del trabajador o a un pacto posterior a la vigencia del contrato (aunque no, en el momento de su celebración, conforme a las SSTS UD 24.04.2000 (RJ 2000, 5504) y 30.12.2013 (RJ 2013, 8369),). De esta forma, si ambas partes son españolas y el contrato fue suscrito en España, la competencia jurisdiccional corresponde a los tribunales de este Estado, aunque concurra cláusula contractual de composición en el país de prestación de los servicios (STS 24.04.2000 (RJ 2000, 5504)).

    En el caso de trabajadores extranjeros que prestar servicios para Administraciones públicas fuera del territorio español se ha afirmado la competencia de los tribunales españoles para el conocimiento de los pleitos laborales si el contrato se ha celebrado en España, en tanto que dicha Administración tiene domicilio aquí (STS UD 12.06.2003 (RJ 2003, 4585).

    Por el contrario, se ha negado la competencia de los tribunales españoles en el caso de contratación de nacionales para prestar servicios en legaciones de otros países en España, al ser de aplicación los respectivos acuerdos bilaterales y gozar aquéllas de inmunidad diplomática (SSTS 10.02.1986 (RJ 1986, 727), 01.12.1986 (RJ 1986, 7231) y STJUE 19.07.2012 (TJCE 2012, 207), asunto C-154/11, Mahamdia).

    Mayor complejidad emerge en el caso de trabajos a bordo de buques, al tratarse de centros de trabajo itinerantes, por lo que se ha tomado como referencia el “puerto base” (siempre que éste se haya acreditado, como se desprende de la STS 21.01.2001 (RJ 2001, 2812)) o, en el caso de países no sometidos a derecho europeo, el lugar en que se firmó el contrato (SSTS 18.07.1983 (RJ 1983, 3804) y 24.11.1984 (RJ 1984, 5887)).

    Mención aparte merece la cuestión relativa a la modalidad procesal de conflictos colectivos, en tanto que las normas internacionales no contienen referencia alguna a las acciones colectivas. Se ha afirmado en este sentido por la doctrina casacional que la competencia de los tribunales españoles en esta materia requiere la concurrencia de elementos de conexión con el territorio español en relación al art. 25.1LOPJ, como son la prestación de servicios en España, la celebración del contrato en territorio español, el domicilio del demandado, la nacionalidad española de ambas partes, etc. (SSTS 20.07.2007 (RJ 2007, 6961) y 20.04.2015 (RJ 2015, 2811), etc.)

    En todo caso, en materia de Seguridad Social frente a entidades españolas rige siempre la competencia de los tribunales españoles, de conformidad con el art. 25.3LOPJ (SSTS UD 02.03.2000 (RJ 2000, 2591), 28.12.2005 (RJ 2006, 1552), etc.).

    En la práctica es relativamente frecuente que se tienda a confundir la falta de jurisdicción española con la aplicación del derecho extranjero. Sin embargo, una cosa es si el tribunal español tiene o no competencia –en relación al marco regulador que se acaba de exponer- y otra muy distinta si la normativa a aplicar es la nacional o la extranjera, respecto a los parámetros generales de los artículos 1.4ET10.6CC y de los tratados internacionales, en especial del art. 6 del Convenio de Roma, es decir el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, suscrito por el Estado español el 18 de mayo de 1992 (BOE 19.07.1993). La jurisdicción, así, puede corresponder a un órgano judicial español, aunque en la composición del conflicto éste deberá acudir a la aplicación del derecho extranjero.

     

Pilar Rivas Vallejo y Verónica Olle Sese son expertas en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

Destinado a Abogados, •   Graduados Sociales, Empresarios y trabajadores y Profesionales vinculados con el Derecho del Trabajo. 

Relación de autores

Varios Autores ( ) |

COMENTARIOS:

Directores

Miquel Ángel Falguera Baró

Magistrado especialista, Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Verónica Ollé Sesé

Magistrada.

Autores

Mª Lourdes Arastey Sahún

Magistrada especialista. Sala de lo Social del Tribunal Supremo

Amador García Ros

Magistrado Especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Jaume González Calvet

Magistrado de lo Social y Doctor en Derecho

Mª Macarena Martínez Miranda

Magistrada especialista, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Sara Pose Vidal

Magistrada. Sala de lo Social del TSJ de Cataluña

Pilar Rivas Vallejo

Profesora Titular (acreditada a catedrática de Universidad) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona

Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Prácticum proceso laboral 2020
Su valoración