Nulidad del acto administrativo.

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ISBN
9789563928884
Nombre del producto:
Nulidad del acto administrativo.
Peso:
N/D
Fecha de edición:
1 nov. 2020
Número de Edición:
1
Autor:
Araujo-juárez, José
Idioma:
Español
Formato:
Libro
Páginas:
187
Lugar de edición:
CHILE
Colección:
BIBLIOTECA DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Encuadernación:
Rústica

El primer principio general del Derecho público y, por ende, del Derecho administrativo, a la vez elemento de carácter jurídico-formal del Estado de Derecho, es el principio de legalidad que constituye la más importante de las columnas sobre la que se asienta el total edificio del Derecho administrativo. En el mismo sentido, en el Derecho positivo la jurisprudencia desde muy temprano ha sostenido que el principio de legalidad es «el principio fundamental que sirve de soporte a la concepción del Estado de Derecho, al subordinar el arbitrio del funcionario al imperio de la Ley»; y por consiguiente, es «un principio desde el cual se erige, desde su nacimiento, el Estado de Derecho».
Es por ello que concluye señalando que «el Estado de Derecho en los regímenes democráticos no puede funcionar cabalmente con mengua del Principio de Legalidad». 4 En consecuencia, el principio de legalidad es el elemento jurídico-formal más capital de los sistemas jurídicos contemporáneos, en virtud del cual toda actividad pública, y aun la actividad privada, debe, en un Estado detenninado, ser conforme ai Derecho que está en vigor en el momento en que tal actividad se realiza.
El concepto que se denomina «legalidad» alude a la sumisión de la Administración Pública a la ley, razón por la cual la función administrativa siempre es de rango sublegal y es también, desde el punto de vista práctico, el elemento más manifiesto de la noción de Estado de Derecho; no obstante el hecho de que los términos y contenidos en que este limita a aquel, es objeto de polémicas doctrinales y ha experimentado cambios históricos de significación. En suma, el principio de legalidad así descrito significaba que la Administración Pública y su actividad, en su totalidad, debía respetar la ley y no podía ni derogarla ni modificarla, lo cual establecía la superioridad del Poder legislativo sobre la Administración Pública.

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