Anuario de derecho administrativo 2020

El Anuario de Derecho Administrativo promueve la difusión de ideas, contribuye a la formación y actualización de los profesionales, y ofrece un foro para el debate sobre los problemas actuales y la evolución del ordenamiento jurídico-administrativo.

En el Anuario de Derecho Administrativo 2020 se publican cuarenta y un estudios, que han sido elaborados por expertos de reconocido prestigio, sobre los siguientes problemas prácticos actuales:

1. Sobre la naturaleza mobiliaria o inmobiliaria de las concesiones. En particular, las concesiones de servicios y figuras análogas.

2. Cuando el silencio de la Administración no es un acto presunto por silencio administrativo.

3. Novedades en el sector ferroviario introducidas mediante el Real Decreto-ley 23/2018.

4. La actividad de restauración: ¿uso comercial o recreativo? Un análisis con particular atención al Plan General Metropolitano de Barcelona.

5. Legitimación para la impugnación de pliegos en licitaciones públicas: la distinción entre recurrente-licitador y licitador-recurrente. Análisis y reflexiones en torno a la interpretación que los tribunales administrativos de recursos contractuales están haciendo del artículo 50.1.b.4.º de la LCSP.

6. Indemnizaciones por prisión preventiva tras la STC 85/2019, de 19 de junio (RTC 2019, 85) del Tribunal Constitucional.

7. La incompleta flexibilización y homogeneización de regímenes autorizatorios.

8. El Fondo Nacional de Eficiencia Energética: régimen legal y doctrina del TJUE y del TS.

9. Cumplimiento normativo y sometimiento al Derecho Administrativo.

10. La regulación del autoconsumo en el camino de la transición energética frente al cambio climático.

11. Actualidad del régimen jurídico de la gestión patrimonial de las sociedades mercantiles públicas a partir del comentario de las sentencias del Tribunal de Cuentas 11/2018 de 27 de diciembre y 13/2019 de 17 de julio.

12. La problemática de la transferencia de competencias a las comunidades autónomas por vía de decreto-ley. Particular referencia al Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

13. La cesión de créditos frente a la Administración Pública.

14. El rompecabezas de la neutralidad de la red.

15. La gestión de las infraestructuras portuarias a la luz de las disposiciones comunitarias sobre puertos.

16. Régimen de contratación de las empresas mixtas tras la LCSP de 2017 y R.D. 3/2020.

17. Análisis del Proyecto de Real Decreto por el que se imponen obligaciones de registro documental e información a las plataformas digitales de viviendas turísticas y de alquiler de vehículos que no presten el servicio subyacente.

18. El ciclo de vida en la legislación ambiental.

19. Ideas sobre la liberalización del “sector del gas”. Especial referencia a la comercialización del gas natural.

20. Breves reflexiones sobre el régimen de responsabilidad de los miembros del consejo de administración de sociedades mercantiles estatales.

21. Las circulares de la CNMC tras las competencias atribuidas por el RDL 1/2019.

22. La responsabilidad patrimonial de la Generalidad de Cataluña por los daños y perjuicios causados a las compañías aéreas (y otros afectados) como consecuencia de la alteración del orden público en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

23. Edificaciones irregulares en suelo no urbanizable: necesidad de solucionar un problema urbanístico muy extendido. El ejemplo de Andalucía.

24. Actuaciones en el medio urbano. La descategorización del suelo urbano consolidado. A propósito de la reciente sentencia del Tribunal Supremo 195/2020, de 14 de febrero.

25. Las circulares económicas de la CNMC.

26. Los servicios jurídicos prestados por abogado en la normativa de contratos del sector público.

27. Nuevas amenazas para el control jurisdiccional de la compatibilidad de la normativa española con el derecho europeo: los recursos sobre el Sistema Nacional de obligaciones de eficiencia energética.

28. La reparcelación inversa o reversión de la reparcelación en el urbanismo actual.

29. La valoración del criterio precio y el tratamiento de los denominados precios cero en los contratos del sector público.

30. Alcance y efectos de la figura del “fin de la condición de residuo” del artículo 6 de la Directiva marco de residuos.

31. El principio antiformalista en la Administración electrónica.

32. El impacto del covid-19 sobre la contratación pública: primeras notas.

33. La valoración del suelo en la fijación de las tasas por la utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos sobre suelo público.

34. Los informes de reparo emitidos por los órganos interventores en el ámbito de la contratación pública. A propósito de los últimos asuntos conocidos en el Consejo de Estado.

35. Apuntes sobre las dudas de constitucionalidad de algunas disposiciones autonómicas en materia de medio ambiente.

36. Reflexiones sobre los convenios administrativos tres años después de la entrada en vigor de la Ley 40/2015.

37. Responsabilidad de los profesionales sanitarios ante la crisis del covid-19.

38. Transparencia y lucha contra la corrupción en la Administración Pública.

39. La cesión del contrato y otras modificaciones subjetivas de las relaciones jurídico-administrativas.

40. Aproximación práctica al proceso de liberalización del transporte ferroviario nacional de viajeros en España.

41. La no aplicación a los funcionarios eventuales “de confianza” de la doctrina del caso “de Diego Porras”.

El Anuario de Derecho Administrativo 2020 incluye además una selección de normas jurídico-administrativas, y una selección de jurisprudencia y bibliografía publicada en 2019.

Se trata de una obra útil para quienes trabajan en el campo del Derecho Administrativo, como empleados públicos, autoridades, abogados, profesores, investigadores, y estudiantes, pues ofrece una visión amplia y clara de problemas jurídico-administrativos de la vida real.

Solo me queda mostrar nuevamente mi agradecimiento a la editorial Civitas, y a nuestros lectores, por la muy favorable acogida que nos han dispensado, manifestar mi satisfacción por haber nuevamente dirigido, coordinado y compartido una obra como ésta, y hacer pública mi gratitud a los autores por su formidable trabajo y generosidad.

Miguel Ángel Recuerda Girela

1 de junio de 2020 

Dedicado a Landelino Lavilla Alsina, “in memoriam”.

Este número del Anuario de Derecho Administrativo se dedica a la memoria de Landelino Lavilla Alsina, quien –como es bien sabido– desempeñó entre otros los cargos de Ministro de Justicia, Presidente del Congreso de los Diputados y Consejero Permanente de Estado. Fue, además, Censor Letrado del Tribunal de Cuentas y Letrado del Consejo de Estado y, en las muy citadas palabras de Eduardo García de Enterría, el artífice jurídico por excelencia de la transición.

Con todo, estas líneas que encabezan el Anuario de 2020 quieren homenajearle como administrativista, teórico y práctico. Es muy conocida la faceta pública y política de Landelino Lavilla, a la que nos hemos referido de forma sumaria. No lo es tanto –aunque sí desde luego para cualquiera que lo conociese mínimamente– la altura de su mentalidad jurídica y la profundización, en concreto, en algunos de los que pueden llamarse grandes temas del Derecho administrativo.

No en vano Lavilla fue desde 1959, como se ha dicho, miembro del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado y, durante treinta y siete años, Consejero Permanente de esa institución, la mayor parte de los cuales como Presidente de la Sección Primera, al que corresponde la presidencia interina del Consejo en supuestos de vacante del Presidente (lo que sucedió, últimamente, durante dos meses del año 2018). Es fácil, para quien conoce la historia del supremo órgano consultivo del Gobierno, trazar el paralelismo con otro consejero –también excelente administrativista– que desempeñó por largos períodos la presidencia interina, Luis Jordana de Pozas.

Landelino Lavilla dejará huella en el ámbito del Derecho administrativo, y no solo del Consejo de Estado. En el limitado espacio de estas líneas nos gustaría destacar tres muestras de este quehacer jurídico. En el número 34 de la Revista de Administración Pública (1961) publicó un artículo sobre "La revisión de oficio de los actos administrativos" que marcó toda una época en el tratamiento de esa cuestión, entonces al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, pero sobre bases teóricas de innegable profundidad (así, el planteamiento de la cuestión como una iteración entre los principios de seguridad jurídica y de legalidad de la actuación administrativa).

En 1990 coordinó los trabajos de la Memoria anual de actividades del Consejo de Estado de tal año (accesible en su página web). No se trataba de una memoria más, sino que se ocupó de sistematizar la doctrina del alto órgano consultivo durante los diez primeros años de andadura tras la Ley Orgánica de 1980. Landelino Lavilla estuvo siempre orgulloso de ese trabajo, y no es para menos: basta leer el índice para comprobar la extensión de los temas tratados: sobre la potestad reglamentaria, la elaboración de las disposiciones generales, el procedimiento administrativo, la revisión de oficio de los actos administrativos, la contratación administrativa, la responsabilidad patrimonial de la Administración y las consultas al Consejo de Estado. No se trata de cuestiones que hayan perdido actualidad, porque los temas clásicos son siempre actuales: así, las primeras páginas sobre la potestad reglamentaria que puede operar en el campo que le deja la reserva material de ley; o algunas reflexiones sobre la suspensión de las obras ("resulta insostenible [...] ante la realidad de una suspensión o paralización de las obras que debió ser decretada y no lo fue por la Administración, que hayan de recaer sobre el contratista los efectos onerosos de aquella situación, cuando es imputable a la Administración tanto la causa determinante de la misma como la omisión de la orden de suspender dictada por el órgano competente") que suenan todavía hoy plenamente vigentes.

En 2008 Lavilla fue el Consejero designado para coordinar el grupo de trabajo de la Comisión de Estudios que redactó el Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español. Este informe ha quedado como una referencia de la segunda de las grandes transformaciones que el Derecho administrativo español ha debido afrontar en apenas cincuenta años (mediante el ajuste primero a la Constitución y después al Derecho de la Unión Europea, como dijo Rafael Gómez-Ferrer Morant), convirtiéndose así en un protagonista principal de ambos procesos.

En esta edición del Anuario hemos colaborado cuatro letrados del Consejo de Estado (Javier Torre de Silva, Jesús Avezuela, Elvira Gallardo y yo) y son muchos más los que han publicado trabajos en él durante estos años. He tratado de resumir lo que cualquiera de ellos hubiera expresado con mucho más acierto: que el 2020 nos ha dejado sin una de las grandes figuras del Derecho administrativo, que era además –y para nosotros, sobre todo– compañero, maestro y amigo. Descanse en paz.

Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade

Letrado del Consejo de Estado, socio de Ashurst LLP

Madrid, 3 de junio de 2020