GOMEZ LUCAS, MIGUEL ANGEL/ MARQUEZ CARRASCO, RAFAEL

Índice:
- Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
- Ley Orgánica 8/2003 de 9 de julio, para la reforma concursal.
- RD 1860/2004 de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales.
-Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito.
-Reglamento (CE) Nº 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia.
-Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Ley 16/2005 por la que se modifica la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.
- RD 158/2008 de reforma del RD 685/2005 sobre publicidad de Resoluciones Concursales.
- Ley 38/2007 por la que se modifica el Estatuto de los Trabajadores.
- reglamento (CE) Nº 694/2006 por el que se modifican las listas de los procedimientos de insolvencia, los procedimientos de liquidación y los síndicos de los anexos A, B y C del Reglamento (CE) Nº 1346/2000
- Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo Mercantil de Madrid sobre criterios de aplicación de la reforma de la Ley Concursal (13 de diciembre de 2011)
Indice analítico
Comentarios:
Actualizada a la ley 38/2011
Incluye los criterios de aplicación de la Reforma de la Ley Concursal y las conclusiones de Magistrados de lo Mercantil de Madrid de 13 de diciembre de 2011

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LINDE PANIAGUA, ENRIQUE

Comentarios:
Desde que se aprobara el Tratado de la Unión Europea, en 1992, nos hemos ido habituando a la provisionalidad del Derecho de la Unión Europea, derivada de las continuas reformas de los tratados y de las sucesivas adhesiones de nuevos Estados a la Unión que han modificado sucesivamente el Derecho originario. En la Unión, comienza a convertirse en costumbre que antes de la entrada en vigor de un nuevo tratado de reforma de los anteriores tratados, o inmediatamente después de la entrada en vigor de un nuevo tratado, se comience a modificar el nuevo tratado. Este ha sido el caso del Tratado de Lisboa cuya reforma se ha iniciado cuando todavía no había transcurrido un año desde su entrada en vigor. Esta circunstancia, junto al torbellino de reformas que sufre el Derecho derivado ha convertido al Derecho de la Unión en un subsector del Derecho de los Estados miembros y lo aleja cada vez más de la concepción tradicional del Derecho internacional dotado de estabilidad. Es legítimo preguntarse el sentido de dichas reformas, ¿acaso persiguen la ambición de los fundadores de crear una federación de estados europeos como destino final? Sin duda, en la Unión se reconocen desde sus inicios los que pudiéramos denominar indicios federalizantes. Instrumentos jurídicos como el reglamento, o instituciones como el Banco Central Europeo, son propios de los estados federales. Pero, junto a elementos federalizantes se reconocen instituciones y técnicas correspondientes a las organizaciones internacionales convencionales como, por ejemplo, el Consejo Europeo, o las resoluciones y otros actos atípicos dictados por el propio Consejo Europeo, por el Consejo de la Unión, por la Comisión Europea, o por el Parlamento Europeo. Lo supranacional y lo intergubernamental conviven desde los inicios de la construcción europea; así como formas intermedias de ambas concepciones. Esto me ha determinado desde hace algún tiempo a referirme a la Unión Europea como una organización intraestatal, una nueva especie de organización que sería la síntesis de las tendencias intergubernamentales y supranacionales que desde sus inicios conviven en la Unión. Las causas por las que la Unión ha avanzado hacia la supranacionalidad en unas materias y haya retrocedido en otras, dejando paso a la intergubernamentalidad no responden ni a un plan preconcebido ni a causas fáciles de explicar. Ejemplo de viraje sorprendente desde lo intergubernamental a lo supranacional fue, por ejemplo, la creación de la moneda única. Pues era evidente que se creó una unión monetaria en un espacio económico de los calificados como no óptimos. Pese a lo cual, venciendo resistencias internas y la oposición de las grandes potencias monetarias se acordó sustraer a los Estados miembros una de las potestades que siempre se ha asociado al núcleo central de la soberanía.
La actual edición ha prescindido de dos capítulos que figuraban en la anterior, la Administración y la Financiación de la Unión Europea. No obstante puede seguir considerándose una parte general del Derecho de la Unión Europea.

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GARBERI LLOBREGAT, JOSE

Índice:
- Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. (Extracto).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. (Extracto).
- Tasas Judiciales en el orden Jurisdiccional Contencioso- administrativo.
- Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (Extracto)
- Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidacion de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes Civil y Contencioso- administrativo y determina el lugar, la forma y los plazos para su presentación.
- Ministerio de Justicia: Resolución de 8 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estrado de Justicia, por la que se dictan instrucciones a los Secretarios Judiciales sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los Órdenes Civil y Contencioso-administrativo.
-Índice analítico

Comentarios:
Actualizada a la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal

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