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EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD POR
DELITOS DE VIOLENCIA DE GENERO, LA


TIRANT LO BLANCH, EDITORIAL

ISBN: 9788490041031

MARTINEZ GARCIA, ELENA
VEGAS AGUILAR, JUAN CARLOS

ESPECIALIDAD: DERECHO PENAL

CARACTERÍSTICAS: Valencia 2012. 282 Páginas. Rústica

La posibilidad de cumplir la pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad a través de talleres o programas formativos o de reeducación ha sido introducida en virtud de la LO 5/2010 de 22 de junio y actualizada por el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se esstablecen las circunstancia de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de las suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustición de penas.
Esta sanción penal es una de la consecuencias jurídicas más aplicadas en los delitos relacionados con la violencia de género. Desde el ámbito de la práctica forense se considera que una aplicación rigurosa y planeada de estas penas puede traer beneficios para la víctima, para la sociedad y para el condenado. Por esta razón se debe de reflexionar sobre el sentido y contenido de eta concreta pena y de la necesaria rehabilitación que señala nuestra constitución. Afrontar el sentido de los programas de reeducación del maltratador, con sus contenidos y fines, conlleva también integrar el concepto de reparación del daño. Siendo esteo como decimos, la pena que consiste en someterse a cursos terapéuticos y formativos pueden ser una herrameinta necesaria y útil, siempre que no se conviertan en un sucedáneo de sanción penal. En este sentido, el presente trabajo analiza experiencias muy diferentes y le corresponde al lector juzgar su eficacia.

Precio con IVA: 29,00€

LIBROS RELACIONADOS

ISBN:9788498369397

PENA DE INHABILITACION ABSOLUTA, LA.

PUENTE ABA, LUZ MARIA

El libro que tengo la satisfacción de prologar, escrito por mi querida discípula, la profesora Luz María Puente Aba, constituye una obra fundamental para la comprensión de la pena de inhabilitación absoluta, tanto en su presente como en su futuro.
Por una parte, el libro contiene todo lo que cualquier estudioso del Derecho penal desee saber sobre esta pena privativa de derechos: naturaleza, objeto, efectos, duración y cómputo, ejecución y desaparición de sus efectos.
Con la exhaustividad y el rigor a los que nos tiene acostumbrados, la autora lleva a cabo un análisis minucioso de las materias mencionadas, teniendo en cuenta la jurisprudencia y valiéndose de un aparato bibliográfico verdaderamente abrumador, que, por supuesto, no se limita a la doctrina española, sino que abarca además la doctrina extranjera de los países pertenecientes a nuestra cultura jurídica (alemana, italiana y portuguesa), así como la de otros países de nuestro entorno cultural que se ha destacado en el estudio de las penas privativas de derechos, como la literatura francesa y, sobre todo, la anglosajona. Como ya se podrán imaginar los lectores de sus trabajos anteriores, Luz M.ª Puente no esquiva ninguna cuestión controvertida de la materia objeto de examen y, tras un minucioso y concienzudo estudio de los argumentos que en cada caso se aportan, toma partido en todos los problemas interpretativos que se suscitan, teniendo siempre como guía un ideal garantista.
Ahora bien, el presente libro encierra mucho más que todo eso, puesto que además ofrece unas valiosísimas propuestas alternativas a la actual configuración de la pena de inhabilitación absoluta (y, por extensión, a la de todas las penas privativas de derechos), que el legislador del futuro no podrá ignorar. Dichas propuestas parten de la base de que la pena de inhabilitación absoluta, así como todas las penas privativas de derechos, no solo cumplen un fin de retribución, sino otro fin de prevención especial, concretado primordialmente en la faceta de inocuización (o de «incapacitación», como se suele expresar en la doctrina anglosajona). De ahí que la autora sostenga que una forma garantista de configurar estas penas sea exigir una vinculación entre la infracción cometida y el derecho o actividad que se prohíbe ejercer al sujeto, acotando lo máximo posible el derecho, actividad, empleo o función afectados, en una línea que entronca en cierto modo con la teoría criminológica de la denominada «prevención situacional», con la particularidad de que aquí, obviamente, no se trata ya de desarrollar estrategias para prevenir el delito, sino de configurar una forma restrictiva de las sanciones privativas de derechos, manteniendo siempre el respeto hacia el principio de proporcionalidad: ello implica rechazar que las penas privativas de derechos previstas como accesorias se hallen ligadas sin más a la duración o clase de la pena principal y exigir, por el contrario, una accesoriedad material, de tal modo que el derecho objeto de privación se vincule a la naturaleza de la infracción cometida.
En lo que atañe, en concreto, a la pena de inhabilitación absoluta, la propuesta que se efectúa consiste en privar de todos los empleos y cargos públicos al sujeto que ha cometido un delito en el ejercicio de (o con abuso de) funciones públicas. Así, en su faceta de pena accesoria la inhabilitación absoluta quedaría reservada para las infracciones penales más graves, mientras que la inhabilitación especial (referida a empleos o cargos públicos concretos) se prevería para infracciones de menor gravedad.
Sobre la base de estas premisas, añade además Luz M.ª Puente la propuesta de potenciar la misión de estas sanciones como penas principales, habida cuenta de que pueden resultar plenamente adecuadas para determinadas clases de infracciones, caracterizadas por el ejercicio o el abuso de una concreta actividad o función, que favorecen la comisión del hecho delictivo, como singularmente sucede, por ejemplo, en el supuesto de los delitos contra la Administración pública. En todo caso, entiende que habría que evitar la incongruencia de que la inhabilitación absoluta, prevista como pena principal, tenga una duración temporal más corta que la prevista como accesoria, como ocurre en el vigente Código penal en algunos delitos.
En otro orden de cosas, la autora considera interesante la propuesta de utilizar la pena de inhabilitación absoluta (así como las penas privativas de derechos, en general) como sanción sustitutiva o alternativa a las penas cortas de privación de libertad, solución desarrollada y estudiada fundamentalmente en el ámbito anglosajón, con la significativa expresión de «penas intermedias». Ello debería venir acompañado de una flexibilización en la ejecución de la pena privativa de derechos (algo no permitido en el marco del actual sistema de accesoriedad) con la posibilidad de suspender su ejecución, de manera análoga a la suspensión de las penas privativas de libertad.
También reputa de interés la propuesta de configurar las privaciones de derechos (y, en concreto, la inhabilitación absoluta) como medidas de seguridad, como, de hecho, ya se prevé en algún caso en el Código penal español. A tal efecto, sugiere la posibilidad de ampliar el catálogo de derechos que pueden ser restringidos como medida de seguridad para los sujeto inimputables o semiinimputables, entendiendo, empero, que resulta más discutible proponer una privación de derechos para sujetos imputables.
Por lo demás, Luz M.ª Puente considera que, en aras del necesario garantismo, la privación de derechos (sea como pena, sea como medida de seguridad) debería permanecer en todo caso en el ámbito del Derecho penal, debiendo exigirse a mayores una serie de presupuestos para su aplicación, en lugar de caracterizarlas como sanciones penales de aplicación automática o como una suerte de medidas extrapenales (o «sanciones colaterales», en la terminología de los autores anglosajones).
En fin, todas estas cuestiones son estudiadas de modo ejemplar en el libro que me enorgullece sobremanera prologar y que viene a confirmar las acreditadas cualidades investigadoras de Luz M.ª Puente. Si a ello agregamos sus cualidades docentes (sobradamente reconocidas) y su extraordinaria capacidad para las tareas de gestión (objetivamente comprobable), tenemos como resultado una universitaria cabal (de las que se cuentan pocas en el panorama actual), que, por cierto, estuvo a punto de malograrse, al verse obligada a atravesar (injustamente) una larga temporada a la espera de una plaza de profesora en nuestra Universidad.

Precio: 16,00€

ISBN:9788415454564

FALSEDAD DOCUMENTAL Y FALSEDAD TESTIM...

ALEJANDRE GARCIA, JUAN ANTONIO

Este libro revisa y refunde sendos estudios publicados por el autor hace algún tiempo sobre determinadas conductas que existieron en todo momento histórico, consistentes en la alteración de la verdad en unas determinadas circunstancias y con unas condiciones que atribuyen a estas formas de proceder una cualificación delictiva y por ello punible. De los supuestos que caen bajo el común denominador de "falsos", se contemplan aquí dos modalidades básicas de falsificación, la realizada por medio de la escritura y la efectuada por medio de la palabra.

Precio: 20,00€

ISBN:9788498983500

LIMITES ENTRE EL DERECHO SANCIONADOR ...

GOMEZ TOMILLO, MANUEL

Daños punitivos, comiso y responsabilidad patrimonial derivada de infracciones administrativas.
La distinción entre los ámbitos propios del Derecho sancionatorio (penal y administrativo sancionador) y el Derecho privado aparece como un tema clásico a lo largo de la historia del pensamiento jurídico. Este libro, tiene como objetivo el estudio de instituciones jurídicas que se encuentran a caballo entre ambas ramas del ordenamiento jurídico, donde la tensión entre los principios orientadores de una y otra es patente.
Por una parte, la obra analiza los daños punitivos. Así, se examinan tanto sus problemas de constitucionalidad tal y como se configuran en los Estados Unidos, como la oportunidad de importar los treble damages, característicos del derecho de la competencia. Tales trabajos sirven de base para el estudio de aquellos campos en los que se ha sostenido que los daños punitivos han penetrado en el sistema positivo español, singularmente, en materia de honor y propiedad intelectual. Por otra parte, se examina el comiso, con apoyo de la importante experiencia italiana en ese ámbito, especialmente el comiso ampliado, incorporado al Código Penal español de la reforma de la Ley Orgánica 5/2010.
Finalmente, hemos entendido que tiene enorme interés indagar en la cuestión de la responsabilidad civil dimanante de las infracciones administrativas.
ÍNDICE:
Capítulo 1. Introducción: Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado.
Capítulo 2. Los daños punitivos: análisis desde una perspectiva jurídico-penal. Al mismo tiempo reflexión sobre las garantías en fenómenos materialmente sancionatorios.
Capítulo 3. Los daños punitivos en la propiedad intelectual.
Capítulo 4. la apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos (art.9.2d) de la LO1/1982). El último ataque contra la invisible frontera entre el derecho penal y el derecho civil.
Capítulo 5. El sistema estadounidense de Treble Damages: ¿un modelo a importar?
Capítulo 6. la reforma del comiso en el código penal español: especial referencia al comiso ampliado y a los organismos de recuperación de activos.
capítulo 7. El comiso en el sistema penal italiano: la disciplina general del Codice Penale.
Capítulo 8. Un remedio milagroso para todos los males: las mio aplicaciones del comiso en el ordenamiento penal italiano contemporáneo.
Capítulo 9. imposición de sanciones administrativas y exigencia de responsabilidad patrimonial.

Precio: 37,44€

ISBN:9788490046463

TUTELA PENAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RODRIGUEZ MORO, LUIS

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han cambiado para siempre las formas de acceso y comercialización de los productos culturales, y contribuido a mudar la percepción social lde la propiedad intelectual. Esta se encuentra en un momento "clave" de adapación a una realidad en permanente renovación que ha abierto innumerables vías de difusión de la cultura pero también de afectación de los derechos de propiedad intelectual, especialmente a través de internet. Ello ha repercutido en el ámbito penal. De hecho, algunos grupos o asociaciones de afectados, y las entidades de gestión de tales derechos, han mostrado un gran interés por acudir al Derecho penal para atajar algunas de las más recientes formas de infracción.
Se trata, pues, de un momento excelente, y necesario, para efectuar un estudio monográfico sobre la tutela penal de dicha institución jurídica, en los albores de esta segunda década del siglo XXI. A ello se enfrenta el presente trabajo que, de modo nuclear, se dedica a efectuar un estudio "integral", analítico y crítico, de los delitos relativos a la propiedad intelectual, los cuales han sufrido el influjo de la reforma del Código penal de 2010, así como de identificar la difusa frontera entre el ilícito civil y penal. Para ello, se parte del análisis de los perfiles y características que la Ley de propiedad intelectual brinda a los derechos de autor, así como de una previa reflexión sobre los fundamentos sobre los que se han diseño los sistemas normativos de propiedad intelectual, y si estos últimos, así construidos, siguen siendo los más productivos para tutelar a los autores, la industria y la cultura.

Precio: 59,00€

-5% Oferta Online: 56,05€

LIBROS DEL MISMO AUTOR

ISBN:9788498767148

ACTOS DE INVESTIGACION E ILICITUD DE ...

MARTINEZ GARCIA, ELENA

CAPÍTULO I
CONCEPTOS PRELIMINARES

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN

II. DERECHOS FUNDAMENTALES E INVESTIGACIÓN

III. CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL PROCESO CELEBRADO CON TODAS LAS GARANTÍAS
1. Delimitación del objeto de estudio
2. Los derechos fundamentales como límite frente a los poderes públicos; con especial referencia al derecho al proceso celebrado con todas las garantías
3. El «derecho al proceso» celebrado con sus «garantías»: dos partes integrantes de su fundamentabilidad
A) Dos aspectos diferentes pero interdependientes del derecho fundamental
B) Dos ejemplos para su comprensión
C) La garantía de inadmisión en el sistema anglosajón: una perspectiva alejada de los derechos fundamentales

IV. LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL ARTÍCULO 24.2 CE Y EL ARTÍCULO 11.1 LOPJ
1. La doble función del artículo 11.1 LOPJ
2. La regulación de los derechos fundamentales (y sus garantías) y el principio de separación de poderes
3. La STC 81/1998, del 2 de abril y la tesis de desconexión de antijuridicidad
4. La actualización jurisprudencial producida en el contenido del derecho al proceso celebrado con todas las garantías
5. Por qué es importante delimitar el sentido y naturaleza de la presente garantía de inadmisión de pruebas ilícitas


CAPÍTULO II
CONCEPTO DE PRUEBA ILÍCITA EN EL ART.11.1 LOPJ

I. PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA IRREGULAR
1. La obtención de las fuentes de prueba en la fase de investigación: Requisitos de legalidad constitucional y ordinaria.
2. Tipos de derechos violables
3. Momento de comisión de la ilicitud
4. El diferente régimen de nulidades de los artículos 11.1 y 238 LOPJ

II. EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 11.1 LOPJ: SU ALCANCE SOBRE LA PRUEBA DIRECTA Y LA PRUEBA DERIVADA
1. Prueba directa
A) El denominado principio de unidad del acto
B) La garantía de inadmisión de la prueba directa
2. Prueba derivada
A) La regla de la exclusión de la prueba derivada
B) Las excepciones a la regla de la exclusión de la prueba derivada
C) La garantía de inadmisión de la prueba derivada: la eficacia refleja de la ilicitud
3. El supuesto del imputado inocente y la violación de derechos fundamentales del tercero no imputado procesalmente: ¿aplicación de la regla de la exclusión?


CAPÍTULO III
LA TESIS DE LA DESCONEXIÓN DE ANTIJURIDICIDAD: ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN DE SU INCOMPATIBILIDAD CONSTITUCIONAL EN EL DERECHO ESPAÑOL

I. LA CREACIÓN DE LA TEORÍA DE LA ILICITUD PROBATORIA EN LA STC 114/1984, 29 DE NOVIEMBRE
1. Breve análisis de la STC 114/1984
2. Algunas reflexiones al respecto
3. La admisión por nuestra Jurisprudencia de excepciones a la regla de la exclusión de la prueba obtenida directamente tras la violación

II. LA PRUEBA DERIVADA Y LA CONSAGRACIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO DE LA DOCTRINA DE LOS FRUTOS DEL ÁRBOL ENVENENADO
1. La doctrina de los frutos del árbol envenenado y el artículo 11.1 LOPJ (Remisión)
2. Excepciones a la teoría de los frutos de árbol envenenado.
A) La doctrina de la fuente independiente
B) La doctrina del descubrimiento inevitable
C) La doctrina del nexo causal atenuado
D) La doctrina del fin de la protección de la norma
E) La ausencia de mala fe en los investigadores penales.
III. EL frente ABIERTO TRAS LA STC 81/1998, de 2 de abril Y LA tesis DE DESCONEXIÓN DE ANTIJURIDICIDAD
1. Breve análisis de la STC 81/1998
2. Algunas reflexiones al respecto
3. Valoración de la doctrina de la desconexión de antijuridicidad
4. Dos supuestos rigurosamente aplicables y constitucionalmente compatibles con la teoría de la desconexión de antijuridicidad
5. Algo de claridad: El voto particular STS 1/2006 (Ponente Perfecto Andrés Ibáñez)


CAPÍTULO IV
LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN CONCRETO Y EL DENOMINADO JUICIO DE DESCONEXIÓN DE ANTIJURIDICIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I. «Índole y características de la vulneración del derecho fundamental materializado en prueba originaria»
1. La intervención de la comunicación telefónica y postal (Art. 18 CE)
A) Plano legislativo
a) Intervención de las comunicaciones telefónicas
b) Intervención de las comunicaciones postales
B) Plano jurisdiccional y principio de proporcionalidad
a) Intervención de las comunicaciones telefónicas
b) Intervención de las comunicaciones postales
2. Las declaraciones del imputado (art. 24 CE)
A) Plano legislativo
B) Garantías
3. Las intervenciones corporales (Art. 15 CE)
A) Plano legislativo
B) Plano jurisdiccional y principio de proporcionalidad
a) Inspecciones corporales
b) Intervenciones corporales
c) Las bases de datos policiales de ADN
4. La entrada y registro domiciliario (Art. 18.2 CE)
A) Plano legislativo
B) Plano jurisdiccional y principio de proporcionalidad
5. La declaración testifical y su dispensa
A) Plano legislativo
B) Plano jurisdiccional
a) Las declaraciones del abogado
b) Las declaraciones de la víctima frente al maltratador
c) La protección del testigo como fuente de prueba
6. Las grabaciones audiovisuales
A) Plano legislativo
B) Plano jurisdiccional y principio de proporcionalidad
a) Las grabaciones hechas por la Policía
b) Otras grabaciones
7. A modo de conclusión

II. El «resultado obtenido con la violación»
1. «La transmisión de la inconstitucionalidad a la prueba refleja» o la perspectiva interna
2. «Las necesidades esenciales de tutela» o la perspectiva externa

III. LA RECEPCIÓN EN ESPAÑA DE LAS FUENTES DE PRUEBA OBTENIDAS EN EL EXTRANJERO
1. El régimen general de recepción de la prueba y el «Exhorto Europeo de Obtención de Pruebas»
2. La aplicación de la «desconexión de antijuridicidad» sobre las fuentes de prueba obtenidas en el extranjero


CAPÍTULO V
TRATAMIENTO PROCESAL DEL LAS PRUEBAS ILÍCITAS

I. REGÍMENES DE NULIDAD
1. El grado de ineficacia invalidante
2. La impugnación de la eficacia pendiente el proceso
A) Fase de Instrucción
B) Procedimiento abreviado y juicios rápidos
a) Procedimiento abreviado
b) Juicios rápidos
C) El proceso ordinario
D) El procedimiento ante el Tribunal del jurado
E) El proceso de menores
F) La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
3. Medios de declaración de la ineficacia una vez dictada la resolución que pone fin al proceso
A) El recurso de casación
B) El recurso de amparo
C) El excepcional incidente de nulidad de actuaciones
4. La prueba sobre la prueba

II. EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO, LA MALA FE PROCESAL Y LA PRUEBA ILÍCITA

III. ANULACIÓN O RETROACCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL


ANEXO JURISPRUDENCIAL

BIBLIOGRAFÍA

Precio: 24,90€

ISBN:9788498763867

LEY DE PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA ...

MARTINEZ GARCIA, ELENA

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Medidas de sensibilización, prevencón y detección. Ámbito educativo. Ámbito de la publicidad. Ámbito sanitario. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Derechos laborales y prestaciones. Derechos de las funcionarias públicas. Derechos económicos. Tutela institucional, penal y judicial ...

IndicePrólogo

Abreviaturas


Exposición de Motivos

Título Preliminar

Tít. I. Medidas de sensibilización, prevención y detección
Cap. I. Medidas en el ámbito educativo
Cap. II. Medidas en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación
Cap. III. Medidas en el ámbito sanitario

Tít. II. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género
Cap. I. Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita
Cap. II. Derechos laborales y prestaciones de la seguridad social
Cap. III. Derechos de las funcionarias públicas
Cap. IV. Derechos económicos

Tít. III. Tutela Institucional

Tít. IV. Tutela penal

Tít. V. Tutela Judicial
Cap. I. De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Cap. II. Normas procesales civiles
Cap. III. Normas procesales penales
Cap. IV. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas
Cap. V. Del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer

Disposiciones adicionales
Disposiciones transitorias
Disposición derogatoria
Disposiciones finales

Anexo

Índice analítico

Precio: 7,00€